martes, 29 de septiembre de 2009

BUENOS AIRES SITIADA II


Transitar por las congestionadas calles de la capital argentina nunca fue una tarea fácil, pero esta semana, la labor se tornó casi imposible para los automovilistas porteños. Y es que en estos días se han sumado numerosos “piquetes”, como se conoce a las protestas que interrumpen la vía pública.

La confluencia de diversos manifestantes que tomaron las calles para reclamar aumentos salariales o una restitución de sus puestos de trabajo provocó una grave congestión que por momentos hizo colapsar la ciudad.

El jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri, acusó a las autoridades nacionales de permitir el caos, al ordenar a la Policía Federal que no intervenga para levantar los cortes de vías, tal como indica la ley.

"Ante un delito como éste ellos tienen que actuar", señaló Macri, criticando la pasividad de las fuerzas de seguridad.

El líder porteño denunció que los policías no están acatando las órdenes de la Justicia local, que exige que se liberen las calles bloqueadas.

Por su parte un vocero de la Policía Federal respondió que la fuerza quiere evitar "criminalizar la protesta". Según la Policía, su función ante una marcha se debe limitar a identificar a los dirigentes, aunque el Ministerio Público Fiscal señaló que los agentes tampoco están cumpliendo ese rol.

OTRO DETENIDO POR MEDICAMENTOS TRUCHOS


Otro detenido en la causa por los medicamentos adulterados.



Se trata de un hombre que se encontraba clasificando decenas de cajas de remedios oncológicos con “vestigios” de ser falsos, en Paso del Rey

Efectivos de la Policía Federal detuvieron a una persona acusada de tener vinculación con la causa que lleva adelante el juez federal Norberto Oyarbide por la comercialización de medicamentos adulterados, especialmente para pacientes oncológicos, diabéticos y con HIV.

La detención, según revelaron esta mañana fuentes del caso, se produjo a última hora de anoche en una vivienda de la localidad bonaerense de Paso del Rey, donde fue apresado un hombre de 56 años que en ese momento "estaba acondicionando y clasificando decenas de cajas con medicamentos oncológicos con vestigios de ser falsos, de acuerdo con un informe preliminar realizado en el lugar por los especialistas del INaMe (ANMAT)".El hombre -cuya identidad no fue revelada- fue apresado en el marco de un allanamiento ordenado por el juzgado de Oyarbide y concretado por personal de la División Investigación Técnica del Delito de la Superintendencia de Investigaciones Federales.El allanamiento, agregaron las fuentes consultadas por Noticias Argentinas, fue realizado en el domicilio del detenido, en la calle Zapiola al 600 de Paso del Rey.

"Al momento de la irrupción en la vivienda, los detectives lograron sorprender al comerciante acondicionando y clasificando decenas de cajas con medicamentos oncológicos con vestigios de ser falsos", dijeron las fuentes.

Los investigadores policiales detectaron también la existencia de sellos de profesionales médicos falsos, y medicamentos para pacientes insulino-dependientes (Betalin Hu 100 Insulina) dispuestos en ampollas y otros para la autosuministración diaria de dichos enfermos.

SIGNOS DE ADULTERACION

Esos medicamentos, según los técnicos que estuvieron en el lugar, "evidenciaban signos de ser adulterados en su presentación y contenido, como también en otros casos eran originales perovencidos, todos ellos sin que se respetara la cadena de frío que se impone como exigencia para su guarda y comercialización".Simultáneamente, personal de la Delegación Córdoba de la Policía Federal realizó otro allanamiento en la capital de esa provincia, vinculada a la misma causa, donde se secuestraronmedicamentos oncológicos y para pacientes insulino-dependientes que se hallaban vencidos en algunos casos, y en otros casos presentaban "signos evidentes de adulteración", añadieron las fuentes.

En el caso del allanamiento de Paso del Rey, el juzgado a cargo de Oyarbide dispuso el procesamiento del detenido, en el marco de la causa caratulada como "Envenenamiento o adulteración de medicamentos".

Por otro lado, los investigadores no descartan que los medicamentos secuestrados que aunque eran originales en presentación y contenido estaban vencidos, "podrían ser producto de ilícitos tales como la modalidad piratas del asfalto".
Fuente Diaro El Dia de La Plata

lunes, 28 de septiembre de 2009

LA METROPOLITANA TENDRA SU PROPIA DIVISION ANTIPIQUETES


Cortes de calles / El gobierno porteño alista su propia fuerza

Será un cuerpo especial con agentes de tránsito y de infantería; estará listo en las próximas semanas

Los agentes de la policía porteña se entrenan para salir a la calle; egresarán en pocos días .La Policía Metropolitana, que el gobierno porteño pondrá en las calles en las próximas semanas, contará con un cuerpo especial para actuar frente a los cortes viales y las protestas sociales que impidan u obstaculicen el flujo vehicular en la Capital Federal.
Así lo informaron a LA NACION autoridades del gobierno de Mauricio Macri, que explicaron que esa división especial estará integrada por agentes de tránsito y de infantería, y que formará parte de la primera tanda de la novel policía: alrededor de 850 agentes, que entrarán en funciones en forma progresiva entre octubre y principios del año próximo.

La aparición en escena de la fuerza metropolitana está precedida por el recrudecimiento de las manifestaciones callejeras, lo que en los últimos días avivó la polémica entre la Casa Rosada y el gobierno porteño por el papel que debe jugar la policía para garantizar el libre tránsito.

Mientras el viernes próximo el primer contingente de policías locales completará la etapa inicial de su capacitación, especialistas en conflictos sociales y de tránsito empezarán de inmediato a dictar el curso de instrucción al grupo especial (cuyo número no fue aún precisado) que se dedicará, entre otras funciones, a controlar piquetes en la vía pública. Estos entrarían en funciones a principios del año próximo, cuando tengan todo el equipamiento necesario.

Mientras en los nueve meses transcurridos de 2009 suman ya 440 las actas labradas por la justicia contravencional porteña por obstrucciones en la vía pública -contra las 360 que se abrieron durante todo 2008-, Macri pretende contar con una herramienta más contundente para disuadir los cortes de calle.
Hay una razón: según denunciaron fiscales y funcionarios porteños, la Policía Federal, que responde al gobierno nacional, no actúa de oficio ni tampoco obedece las instrucciones de la justicia porteña frente a estas reiteradas situaciones.

El Código Contravencional de la ciudad especifica en su artículo 78 que "quien impide u obstaculiza la circulación de vehículos por la vía pública o espacios públicos es sancionado con uno a cinco días de trabajo de utilidad pública o multa de $ 200 a 1000". También aclara: "El ejercicio regular de los derechos constitucionales no constituye contravención. A tal fin deberá, con razonable anticipación, darse aviso a la autoridad competente, debiendo respetarse las indicaciones de ésta, si las hubiere, respecto al ordenamiento".

Según una alta fuente del Ministerio de Justicia y Seguridad de la ciudad, Macri tiene en su despacho el llamado Plan Trienal, que detalla cómo funcionará la policía en el corto y mediano plazo, hasta 2011.

La fuerza porteña se dividirá en seis superintendencias: Seguridad, Investigaciones y Policía Científica, Planeamiento, Personal, Logística y Comunicaciones y Servicios Técnicos. La de Seguridad tendrá una Dirección General de Orden Público, que estará subdividida por el cuerpo de policía de tránsito urbano y la guardia de infantería, esta última equipada con escudos y cascos, aunque no será montada.

"Ambos cuerpos, el de tránsito y el de infantería, responderán directamente a las órdenes de fiscales y jueces con capacidad de intervenir en desalojos o despejes de calles cortadas. Es probable que por la poca cantidad de agentes, al principio deban trabajar junto con la Policía Federal", afirmaron en el gobierno.

Ayer, LA NACION consultó al jefe de gabinete porteño, Horario Rodríguez Larreta, y al ministro de Justicia y Seguridad, Guillermo Montenegro, para conocer qué actitud tomará la Policía Metropolitana frente a los piquetes, pero eligieron no hablar públicamente al respecto.

Fuentes allegadas a los funcionarios aseguraron que la intención oficial es no referirse al tema porque temen que sea tomada como una actitud desafiante hacia los que cortan las calles, y que esta situación empeore aún más en los próximos piquetes. "Sin gases ni palos"

El fiscal general de la ciudad, Germán Garavano, indicó ayer a LA NACION que no tenía conocimiento de cómo el Poder Ejecutivo iba a organizar su propia fuerza de seguridad. "No sabemos cómo será ni tampoco si habrá un escuadrón especial para los piquetes. Lo único que sé es que la policía tiene que estar preparada para estas situaciones de protesta. No importa qué fuerza de seguridad despliegue esta tarea, sino que esté en el lugar para poner orden en la vía publica. Esto no se logra tirando gases ni pegando palazos ni disparando balas de goma."

Garavano estimó: "Hoy persiste la falta de profesionalismo a la hora de manejar estas situaciones. Repito: no nos preocupa cuál sea la fuerza que actúe, sino que haya un orden en las calles de la ciudad. Nos asombra la falta de capacidad de las fuerzas de seguridad para actuar ante un corte de calle".

Consultado el fiscal general si una vez que la policía porteña esté en la calle, esta fuerza será la convocada por los fiscales ante un piquete, en lugar de cualquiera de las otras fuerzas de seguridad, dijo: "Eso dependerá de cada fiscal y de cada situación en particular. Cada fiscal sabrá a quién debe llamar de acuerdo con el lugar y el caso. La verdad es que no sé si la policía porteña puede cambiar este dilema que se presenta hoy ante los bloqueos en el tránsito".

Antecedente

Si bien la oposición kirchnerista rechazó que la policía porteña actuara ante los cortes de calles (ver aparte), en octubre de 2003 el entonces presidente de la Nación Néstor Kirchner contempló la idea de crear una brigada especial dentro de la Policía Federal, sin armamento ni poder de fuego, especializada en negociar y disuadir a las organizaciones piqueteras para que no avancen con bloqueos de calles, vías férreas o edificios públicos. Sin embargo, dio marcha atrás con la idea.

La fuerza porteña

El jefe a cargo . Tras la salida de Jorge "Fino" Palacios de la jefatura de la Policía Metropolitana, quien fuera su vice, Osvaldo Chamorro, quedó a cargo de la fuerza el 26 de agosto pasado. El responsable político es Guillermo Montenegro, ministro de Justicia y Seguridad de la ciudad.
Los primeros agentes . En los próximos meses, a partir de octubre, los primeros policías (850) saldrán a la calle. Para fin de 2010, el gobierno porteño planea sumar otros 1000 agentes. Según el ministro de Justicia y Seguridad de la ciudad, Guillermo Montenegro, para que la policía porteña tenga presencia en la calle deberá tener entre 8000 y 9000 agentes.

Seis áreas . La fuerza porteña se dividirá en seis superintendencias: Seguridad, Investigaciones y Policía Científica, Planeamiento, Personal, Logística y Comunicaciones y Servicios Técnicos. La de Seguridad tendrá una dirección General de Orden Público, que estará subdividida por el cuerpo de policía de tránsito urbano y la guardia de Infantería. Esta última estará equipada con escudos y cascos, pero no será montada.

Cuatro zonas . Los policías que saldrán a la calle trabajarán divididos en cuatro zonas: Norte, Sur, Este y Oeste. Cada una ellas contará con una delegación de la fuerza de seguridad, que servirá como base a los agentes y a la que podrán acercarse los ciudadanos para realizar denuncias, tal como hoy lo hacen en las 53 comisarías de la Policía Federal, que seguirán funcionando.

El salario .
Todos ellos cobrarán un sueldo mínimo de 3000 pesos y no podrán realizar adicionales.
Fuente: Diario La Nación

domingo, 27 de septiembre de 2009

NO CONFUNDIR ORDEN CON REPRESION



El desalojo de la ex Terrabusi dejó al menos 65 detenidos y 4 heridosAntes de la violenta incursión policial, la empresa se negó a reincorporar a los 163 despedidos. Sólo se comprometió a mantener los puestos existentes.
Corte en la 9 de Julio y en La Plata en adhesión a los trabajadores.
Un delegado de Kraft, enojado con AníbalFotografía de la notaLa policía detiene a un manifestante en medio del operativo de desalojo de la fábrica Kraft. (Télam)Click fuera del recuadro para salirLuego de la tensión generada este viernes a la madrugada con la intervención de la Policía Bonaerense en la planta, la empresa Kraft Foods (es Terrabusi) realizó una presentación ante el Ministerio de Trabajo, donde se comprometió a continuar "su actividad productiva" en el país, mantener los "puestos de trabajo existentes" y pagar los salarios, pero no habló de los 163 despedidos que reclamaban ser reincorporados.
Al instante y bajo una orden judicial, la policía desalojó violentamente a los 80 cesanteados que estaban en la planta y a los manifestantes apostados en el playón de ingreso.
El operativo dejó un saldo de 65 detenidos, 28 de ellos trabajadores, y 4 heridos leves.En la noche del jueves el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández le había prometido a la delegación de la UIA, que lo visitó en su despacho de la Casa Rosada, que se iba a "mover" para desalojar la planta que estaba tomada desde hacía 38 días en reclamo de la reincorporación de 163 despedidos. "La empresa nos dijo que no va a negociar con la planta tomada y lo primero es resolver eso", dijo Fernández, según relató a Crítica de la Argentina uno de los ejecutivos presentes en la reunión.
De ese modo, la Unión Industrial Argentina redobló su presión sobre el jefe de Gabinete y lo intimó a resolver la pelea para que la empresa vuelva a producir galletitas y no se multipliquen cortes como los que los despedidos organizaron en la Panamericana y en varios puntos de la Capital esta semana.La situación se complicó en la madrugada del viernes en la planta de la ex Terrabusi en Pacheco, cuando la Policía Bonaerense desalojó a los trabajadores del turno noche de Kraft Foods. Solo un puñado de 80 empleados permanecieron dentro y sus familiares se fueron acercando hasta la puerta.Luego, la compañía realiza de "modo unilateral" una presentación en el Ministerio de Trabajo.
"La empresa no habló de los despedidos, sólo de los puestos de trabajo existentes que se comprometió a mantener para que pueda reanudar su actividad productiva y cumplir con el pago de salarios correspondientes", dijo al finalizar el encuentro la subsecretaria de Trabajo nacional, Silvia Squire quien también aclaró que "los gremios no fueron convocados".
Algunos instantes después y pasadas las 17.30, la policía comenzó a tirar gases lacrimógenos hacia la planta tomada por los 80 despedidos, y desde la terraza hacia la explanada, donde se encontraban los manifestantes. Más tarde, la montada ingresó a la fábrica y desalojó violentamente el playón de ingreso.El desalojo fue por orden del juez Ricardo Costa del Juzgado de Garantías Nº1 de San Isidro, que emitió una instrucción para que "el uso de la fuerza pública se constituya en la medida de lo estrictamente necesario, en el último mecanismo de acción y siempre velando por el debido resguardo de la integridad física de los involucrados".El jefe del distrito Tigre de la Policía bonaerense, Sergio Rodríguez, confirmó esta tarde que "hay alrededor de 65 demorados, entre los que se encuentran 28 trabajadores de la empresa y el resto activistas" que estaban en el frente de la planta de la ex Terrabusi.
"La policía entró y desató una feroz represión sobre los familiares que estaban afuera y hacia los trabajadores que estaban dentro. Esto es una brutalidad, tiraron gases lacrimógenos y balas de goma donde estaba el resto de los trabajadores y su familia, había nenes chicos y gente grande", dijo el abogado de los trabajadores, Edgardo Moyano, a Criticadigital desde el predio en General Pacheco.
La compañía difundió un comunicado en el que manifiesta que: "Tras haberse normalizado la situación de la planta, durante el fin de semana se trabajará en el inventario y recorrida de las instalaciones a fin de hacer una evaluación de daños y de esa forma poder retomar las actividades productivas en la forma habitual".El establecimiento se encontraba tomado por empleados desde el 4 de septiembre, en protesta por el despido de 157 trabajadores. Por ese mismo motivo, la fábrica estaba fuera de producción en los últimos días.
MANIFESTACIONES PRO TRABAJADORES.
En la noche del viernes, se despliegan por las calles porteñas varias manifestaciones de apoyo a los trabajadores de la ex fábrica Terrabusi. Los principales inconvenientes en el tránsito se producen en la intersección de Avenida de Mayo y 9 de Julio, donde se concentran trabajadores estatales, del subte y docentes, además de la FUBA, la CCC, el Partido Obrero y simpatizantes de partidos de izquierda. Desde allí los manifestantes prevén marchar hacia el Ministerio de Trabajo, ubicado en Leandro N. Alem al 600, en la zona del bajo. La protesta, que ya lleva tres horas, abarca los siete carriles de 9 de Julio, aunque Lima y Bernardo de Irigoyen están habilitadas al tránsito.
Otro grupo también se manifestaba en Belgrano y Solís, con tres carriles restringidos al tránsito.Además, en La Plata manifestantes cortaron en la bajada de la autopista, en 120 y 32. Asimismo, personal de Gendamería se apostó en la Panamericana para evitar que los obreros de la planta de Pacheco vuelvan a cortar la autopista como en días anteriores.Durante la mañana, los trabajadores de Kraft cortaron la avenida Henry Ford, frente a la planta fabril, tras ser desalojados los del turno noche y no permitirse el ingreso de los de la mañana.
En solidaridad, manifestantes cortaron esta mañana la avenida Corrientes y Callao.
Al mediodía también se cortó el Puente Pueyrredon, mientras otro grupo lo hacía en Avenida de los Constituyentes y General Paz y Autopista Riccheri y General Paz.
Fuente: Compacto de Noticias.

LA EDUCACION PUBLICA Y LA PRIVADA CADA VEZ MAS LEJOS


Cuando se mide lo que aprenden los chicos, las escuelas públicas y las escuelas privadas en la Argentina parecen estar cada vez más lejos, separadas por una distancia que también diferencia a algunas provincias de otras y que no cede a pesar de la inversión del Estado en educación.
Según los datos del Operativo Nacional de Evaluación (ONE) 2007 ?que el Ministerio de Educación tomó en ese año, pero que sólo difundió ahora, dos años después?, los alumnos de escuelas privadas que alcanzan un nivel alto en Lengua y Matemática duplican y casi triplican, según el grado, a los de escuelas estatales.
El ONE se realiza desde 1995 cada dos años e incluye evaluaciones de Matemática y Lengua ?en 2007 se sumaron Ciencias Sociales y Naturales?, en una muestra representativa de alumnos de 3° y 6° grado del nivel primario, del 2° o 3° año, y del final del secundario de escuelas públicas y privadas de todo el país. Hace 10 días, La Nacion difundió la decisión del Ministerio de Educación de postergar el ONE de este año para el próximo, y de hacerlo a partir de ahora cada tres años.
Un análisis de los datos realizado por el Centro de Estudios en Políticas Públicas (CEPP) advierte sobre las distancias entre escuelas públicas y privadas. En Lengua de 3° grado, por ejemplo, el 32,4% de los chicos de escuelas estatales alcanzó nivel alto, pero lo hizo el 63,7% de los de escuelas privadas. Mayor fue la diferencia en Lengua de 6° grado: tuvo nivel alto el 16,9% de los chicos en escuelas estatales, pero casi el 50% en privadas. En Matemática se repite el fenómeno: alcanza nivel alto el 19,6% de los chicos de 3° grado de escuelas estatales y el 40,6% en privadas. Lo mismo sucede con el 5,9% de los estudiantes secundarios estatales contra el 21,9% privados.
"Estos resultados son consistentes con los números de pasaje de alumnos de escuelas públicas a privadas. Los que pasan son los chicos con mejores resultados, mientras que la escuela pública concentra a los chicos más pobres y en peores condiciones educativas", analizó Andrés Delich, ex ministro de Educación y director del CEPP. Subidas y bajadas
Los resultados permiten comparar las posiciones en que se ubicaron las provincias con respecto a mediciones anteriores, y demuestran cómo el deterioro más importante está en los grandes centros urbanos.
Dos provincias se desmoronan: Buenos Aires y Entre Ríos, que en total representan casi el 40% de la matrícula del país. En las pruebas de Matemática en 3° grado de 1997 a 2007, Buenos Aires desciende del puesto 2° al 23° y Entre Ríos baja del 5° al 12°. "Hay que empezar a pensar que esto no es un problema provincial, sino nacional. Es difícil que el país mejore si no mejoran estas dos provincias", apuntó Gustavo Iaies, también director del CEPP.
En el otro extremo, muestran tendencias ascendentes tres provincias: San Luis, Tierra del Fuego y La Pampa, que representan el 2,2% de la matrícula del país. En Matemática de 3° grado, San Luis pasó del puesto 20° al 4° en diez años; Tierra del Fuego ascendió del puesto 16° al 7°, y La Pampa, del 4° al 2° lugar.
El informe encuentra también que la inversión por alumno y salarial no se relacionan con los mejores resultados. Por ejemplo, hay siete provincias con un 70% de sus alumnos en nivel medio y alto de Matemática, pero cuya inversión por alumno varía entre 2000 y 7000 pesos. "Simplemente poner plata no mejora resultados si no se discute a quién y cómo", señaló Iaies.
Sin embargo, el hallazgo más importante para el CEPP tiene que ver con los problemas técnicos de la presentación de los resultados.
En 2003 se dejó de evaluar el porcentaje de respuestas correctas para medir el logro de un nivel "alto", "medio" o "bajo", pero la definición de esas categorías se modificó este año. Hay caídas y recuperaciones abruptas de algunas provincias que no se explican. Además, "no aparecen señalados contenidos ni competencias sobre los cuales sería necesario trabajar para que los alumnos mejoraran sus aprendizajes", aporta el CEPP. "Así presentada, la información no sirve ni a maestros y directores ni a políticos e investigadores. Necesitamos ordenar la información para poder tener una conversación social informada. Hay que dejar de hablar de ideologías y discutir lo que los chicos aprenden y lo que no", sintetizó Iaies.
"Aunque haya algún intento de confundir la información o de hacerla incomprensible, la caída se verifica en evaluaciones internacionales", dijo Delich. En las pruebas internacionales PISA 2007, Argentina fue el país que más cayó desde 2001 entre todos los que participaron y es el más inequitativo de la región.
Como en tantos aspectos, la escuela es caja de resonancia de desigualdades y desintereses externos. "No hay una demanda social de información sobre el sistema educativo. Este informe llegó dos años después y ni la sociedad ni los empresarios ni los medios lo reclamaron antes", dijo Iaies. "La escuela pública dejó de ser un problema de la sociedad, porque los que están adentro son los más pobres, que tienen menor visibilidad y capacidad de lobby."
Fuente: Dairo La Nacion

MAS POLICIAS EN LAS CALLES


Más policías para patrullar las calles en el Conurbano

El gobernador Scioli aumentó en 20% la cantidad de agentes

El gobierno bonaerense aumentó en más del 20% la cantidad de efectivos en comisarías del Conurbano, según datos de un informe realizado por la Jefatura de Gabinete provincial a partir de un relevamiento del personal que presta servicios en dependencias de 25 partidos del primer, segundo y tercer cordón del Gran Buenos Aires.
En poco más de dieciocho meses, desde el comienzo de la gestión de Daniel Scioli, la cantidad de efectivos policiales que cumplen tareas de prevención, disuasión e investigación de delitos en las calles del GBA, ascendió de 12 mil efectivos a más de 15.180.Según se señaló, el aumento de la cantidad de policías que ahora cumplen tareas de custodia y patrullaje, es consecuencia de la reestructuración encarada por el gobierno en materia de seguridad para atenuar el índice de delitos que se cometen.
"Política integral"
Al respecto, el gobernador Daniel Scioli manifestó que aumentar la cantidad de efectivos en comisarías "es parte de una política integral y articulada con diferentes áreas de gobierno y el poder legislativo" para "afrontar la lucha despiadada que libramos contra la delincuencia".Los datos actualizados indican que también se incrementó en más de 2.500 la cantidad de policías que prestan servicios en todo el territorio provincial, desde 2007 a la fecha. Hoy, en las divisiones que componen la policía, hay 53.568 efectivos. Y desde hoy se sumarán los nuevos 330 recién egresados de la Escuela "Juan Vucetich".
En tanto que 1164 aspirantes siguen cursando y se incorporarán a su egreso, en diciembre.De acuerdo al informe, además del paulatino aumento en la cantidad de hombres, también se implementaron cambios en las políticas estratégicas para contener el avance delictivo.
Entre ellos, se contemplan la reubicación del personal que antes efectuaba tareas administrativas o de custodia de detenidos al cumplimento de labores inherentes a la prevención de la delincuencia; el rediseño de la currícula de estudio de los agentes: se duplicó el tiempo neto de capacitación -de 6 a 12 meses- en el curso de formación policial; y se reforzó la entrega de equipamiento para la modernización de la fuerza.
Nuevos patrulleros
En esas dependencias policiales se realizó la entrega de 1500 nuevos móviles policiales entre motocicletas de baja y alta cilindrada; patrulleros y camionetas, que representan alrededor de un 53% de los vehículos 0 kilómetros entregados en el toda la provincia.
También, esos destacamentos y comisarías del conurbano fueron equipados con alrededor de 27 mil chalecos antibalas; armas largas y de puño; municiones; chalecos y conos refractarios; modernos equipos de comunicación y equipamiento para las distintas divisiones de la fuerza.
Según manifestó el Ministro Carlos Stornelli, impulsor de la capacitación de los nuevos efectivos:
"La calidad de cualquier servicio de policía depende en gran medida de los hombres que la componen y, por consiguiente, de las políticas de reclutamiento, selección, formación y promoción".Cabe recordar que esta policía de seguridad se encuentra liberada de la carga de tareas de naturaleza administrativa.
Además, esos efectivos dejaron de realizar todo lo concerniente al alojamiento de detenidos en sus dependencias y a la custodia de objetivos fijos en bienes y personas, privilegiándose así las acciones de prevención, disuasión y represión del hecho delictivo.
Fuente: Diario El Dia de La Plata

sábado, 26 de septiembre de 2009

UN PUEBLO QUE SE CUIDA A SI MISMO


ELENA, Córdoba.- Para evitar que su esposo, Daniel Rica, se durmiera durante el patrullaje, debido a que antes de tomar el turno, de 23 a 2, había trabajado durante doce horas en un comercio, Verónica tomó el volante de su Chevrolet Corsa azul y lo acompañó a recorrer el pueblo.
No iban solos.
En el asiento trasero viajaba Agustín, uno de los hijos del matrimonio que, durante las tres horas que duró la recorrida nocturna, les cebó dos termos de mate.

La familia Rica integra el grupo de 160 vecinos de Elena que garantizan que este pueblo de 3500 habitantes se anote un récord infrecuente en estos momentos de inseguridad: hace dos años que aquí no se denuncia ningún delito.
Simplemente, porque no existen. Es que en 2007 comenzaron a colaborar con la policía en el patrullaje de las 90 manzanas de la localidad.
Entre los vecinos hay 30 mujeres y varias familias como los Rica.

No van armados.
Cada una de las cuatro patrullas civiles que salen cada noche a vigilar el pueblo durante seis horas, divididas en turnos de tres horas, llevan teléfonos celulares.
Si un vecino advierte algún hecho sospechoso, no debe intervenir. Sólo avisa por celular a la patrulla policial.

viernes, 25 de septiembre de 2009

CON LA JUEZA ROSA ELSA PARRILLI, NEGRITOS ABSTENERSE


Escándalo por jueza porteña que discrimina y amenaza a gritos
La funcionaria macrista, quien trabaja en un tribunal de faltas, no quería pagar una multa y el acarreo de su auto por lo que comenzó a gritarles a dos agentes de tránsito. "Ganan $1.200 para joder a la gente. Todas morochas, ni una rubia contratan", dijo. Ahora piden juicio político.

Una jueza porteña discriminó y piden el juicio político.
La jueza de tránsito porteña Rosa Elsa Parrilli agredió verbalmente y discriminó a dos agentes de tránsito del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, enojada porque su auto había sido remolacado por una grúa por mal estar estacionado.
Las dos mujeres agredidas son la agente de tránsito María Itatí Albe y la responsable operativa del área, Rocío Marlene Gómez, quienes recibieron insultos, discriminación y hasta amenaza de ser golpeadas.

La funcionaria machista, y de pocos modales, llegó al lugar y comenzó a tratar de "tontas" a las dos jóvenes. Cuando se acercó a Albe le dijo: "Señorita, venga acá, la que mando acá soy yo, no tengo que pagar como no pago nunca en la vida".

La magistrada, resignada a que debía abonar por la falta que cometió, se dirigió al edificio de la ciudad ubicado en Carlos Pellegrini al 200 para ver a un controlador de faltas, que le perdonó la sanción y el acarreo.

Luego volvió donde estaban las dos agentes de tránsito agredidas y disparó: "Ganan $1.200 para joder a la gente. Todas morochas, ni una rubia contratan (…) Te hubiera metido un cachetazo por hacerme perder el tiempo, no te das cuenta tontita que te dije que acá mando yo".

"Cabe destacar que esta jueza, que además amenazó a Gómez con meterla presa ocho meses si llega a caer en su jurisdicción, es responsable del tribunal donde se apelan contravenciones o infracciones de tránsito graves y leves, y tiene en su legajo 29 faltas de todo tipo", publicó Infobae.com

El ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad, Guillermo Montenegro, pidió a la Justicia Contravencional investigue a Parrilli por amenazar, discriminar y maltratar a las guardias de tránsito, al tiempo que reclamará juicio político y destitución ante el Consejo de la Magistratura, publicó el diario Clarín.
Fuentes diversas

miércoles, 23 de septiembre de 2009

UN JUEZ DENUNCIO A OTRO POR UNA CAUSA DE DROGAS


Melazo acusó a un magistrado federal de "falta de compromiso para acabar con los chefs de la cocaína y el paco"
El juez de Garantías de La Plata César Melazo aseguró que "hay falta de compromiso para acabar con los `chef` de la cocaína, por parte de quienes desde antaño poseen la competencia" para actuar en casos de violación a la ley de estupefacientes, al denunciar ante el Consejo de la Magistratura de la Nación al magistrado federal de nuestra ciudad Arnaldo Corazza, luego de que éste último declarara la nulidad de una causa en la que habían detenido a seis acusados de narcotráfico tras un operativo en City Bell.En la presentación contra el juez federal, Melazo acompañó la copia de la resolución de Corazza, dictada el 15 de este mes, en la que "nulificó gran parte de una causa originada en la justicia provincial" con intervención de Melazo y el fiscal platense Tomás Morán.
También afirmó que en ese fallo el juez Corazza "realizó apreciaciones que dejan entrever un extremo rigorismo formal y desconocimiento supino de la normativa provincial que rige el trámite del proceso penal, poniendo en riesgo los fines tenidos en cuenta por la ley 20.052 que transfiriera competencia a la justicia provincial en relación a gran parte de las conductas delictivas tipificadas en la ley de estupefacientes".En la presentación ante el presidente del Consejo de la Magistratura de la Nación, Luis Bunge Campos, el juez Melazo reseñó que Corazza "observa, y a partir de allí nulifica, que policías realizaron `tareas de inteligencia` o de `vigilancia encubierta` sin orden ni intervención judicial alguna, concluyendo: `estoy en condiciones de afirmar que sin perjuicio del resultado obtenido, mal puede convalidarse el mism,o toda vez que su inicio no se encuentra ordenado, en este caso por el juzgado de Garantías II (el de Melazo), resultando en consecuencia este proceso a mi entender viciado de nulidad absoluta, imposible de ser subsanada por decisión judicial alguna`".
Al cuestionar esa postura de Corazza, Melazo señaló que en la Provincia "el fiscal es el titular de la acción y consecuentemente mal puede el juez de Garantías ordenar alguna tarea relacionada con la investigación, como lo pretendiera el juez federal en su resolución". Y aseguró en ese sentido que Corazza "desconoce que la Policía bonaerense resulta auxiliar de la Justicia y que la investigación llevada adelante por la fiscalía se rige por disposiciones de la ley de ministerio público, que tiende a desformalizar y agilizar la misma"."
Así -agregó- en este caso el fiscal Morán y el suscripto nos hallábamos al tanto de las tareas de investigación (no de inteligencia o vigilancia encubierta) realizadas por la Policía y que luego dieran sustento a la intervención telefónica y a los allanamientos y secuestros, finalmente nulificados"."CHEF DE LA COCAINA Y NARCOPOLITICA""Lo expuesto trasunta el desconocimiento legal y la falta de compromiso, a diferencia de la del suscripto, para acabar con los `chef` de cocaína y paco en la región, (los) que, por falta de acción de los jueces federales que desde antaño poseen competencia en la materia, han visto crecer su negocio sin impedimento alguno", afirmó luego Melazo en la denuncia.También dijo que ahora, con la competencia provincial, "las organizaciones criminales de este tipo se encuentran frente a policías, fiscales y jueces, todos bonaerenses, que sin compromiso espúreo alguno, y con los escasos medios a su alcance, las enfrentan, combatiendo a la narcopolítica".
Melazo disparó asimismo que si bien hay jueces federales que "enaltecen al Poder Judicial de la Nación", hay otros que "dan mensajes contradictorios que a la vista del ciudadano común parecen amparar el accionar delictual".El juez de Garantías platense volvió luego a la causa que generó la controversia, en la que había seis detenidos "en base al secuestro de un kilo de cocaína, dos kilos de sustancia para corte, pasta base, precursores químicos, bateas ollas y demás elementos para `cocinar`droga a cielo abierto, en un barrio de la periferia, camino al camping del Colegio de Abogados de La Plata", según detalló. Y sobre la resolución de Corazza con relación a esa causa, indicó que "se señala un simple error de tipeo (un número 9 por un 0, sucesivos en el teclado) en el número de la casa allanada, como causal de nulidad, cuando sabido es que no acarrea tal sanción y mucho menos cuando el suscripto estaba telefónicamente al tanto para convalidarlo cuando la diligencia terminara".
Melazo indicó también que "no puedo dejar de resaltar que a consecuencia de lo hasta aquí resumido, los narcotraficantes investigados, a través de los profesionales que los asisten, han hecho descaradamente responsables al ministro de Seguridad (Carlos Stornelli) y al gobernador (Daniel Scioli) de la situación que estaban pasando, cuando me consta que dichos funcionarios están realmente comprometidos para salvar a los bonaerenses del flagelo que algunos jueces federales parece que no quieren investigar".
Finalmente, Melazo pidió al titular del Consejo de la Magistratura de la Nación que "ordene las actuaciones que considere pertinentes y de esta manera se salvaguarde el honor de los policías, funcionarios y magistrados provinciales que diariamente combaten, en serio, a los delincuentes de la droga".
Fuente: Diario El Dia de La Plata

"Y", POR LAS DUDAS LE CORTARON DOS DEDOS



Burzaco: hirieron a un colectivero durante un asalto.


La víctima, de 30 años, fue abordada por dos ladrones en Bernal; sufrió cortes profundos en dos dedos y además le robaron ropa y dinero
La ola de violencia se cobró una nueva víctima esta madrugada. Un colectivero sufrió la amputación de dos dedos durante un salvaje asalto en la localidad bonaerense de Burzaco.
El trabajador, de 30 años e identificado como Horacio Laborda, se desempeñaba para la línea 263 y acababa de comenzar el recorrido. En el barrio de Bernal, el conductor fue abordado por dos asaltantes que lo secuestraron y lo desviaron de su recorrido hasta llegar a una zona cercana a una villa de emergencia.


Allí, los ladrones iniciaron un brutal ataque contra el colectivero, a quien le robaron su ropa, le sustrajeron 120 pesos y le propiciaron una palliza. No contentos con ello, los asaltantes terminaron el robo causándole profundos cortes en dos dedos de una mano.


Voceros de la empresa San Vicente, donde trabaja la víctima, informaron a DyN que el chofer herido fue trasladado al Hospital de Solano y luego llevado a una clínica privada del barrio porteño de Palermo, donde esta mañana era sometido a una delicada intervención quirúrgica para tratar de restituirle las partes seccionadas de sus dedos.


"Antes de bajar, uno de los ladrones con un elemento cortante golpeó la mano del colectivero que estaba apoyada sobre el teclado de la boletera, cortándole parte de los dedos índice y medio de la mano izquierda", precisaron.


Paralelamente, los trabajadores de la línea 263 iniciaron una medida de fuerza que interrumpió la circulación de ese ramal en repudió a lo sucedido.


Fuente: Diario La Nación

LAS ONGs.TOMAN POSICION ANTE EL FALLO DE LA CORTE SUPREMA POR EL TEMA DROGAS




La Federación de Organizaciones No Gubernamentales de la Argentina ante el fallo de la Corte Suprema de Justicia y la propuesta de una nueva política de drogas.

Por el futuro y el derecho a la vida de todos los ciudadanos.

El reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el que declara anticonstitucional penar la tenencia de drogas para uso personal en adultos, y el debate sobre una nueva política de drogas para nuestro país nos exige la responsabilidad de reflexionar en profundidad sobre temas de suma importancia de cara al futuro.
Como referentes de gran cantidad de organizaciones no gubernamentales que trabajan en al campo de la asistencia y prevención de las adicciones, queremos fijar nuestra posición sobre ambos temas, y aclarar una serie de puntos que a nuestro juicio se han presentado a la sociedad de manera confusa.

Las discusiones sobre el problema de las drogas planteadas en los últimos días a partir del fallo de la Corte Suprema se pueden ordenar por lo menos en tres planos: uno eminentemente jurídico, que hace referencia a la necesidad de adecuar todas las acciones relacionadas con la prevención y la asistencia de las adicciones con los tratados y convenciones internacionales sobre salud mental y derechos humanos; otro conceptual, que hace referencia a las distintas maneras de pensar el problema del consumo de drogas y las adicciones, los distintos análisis y diagnósticos sobre la situación actual, así como la formas más adecuadas de prevención y de abordaje terapéutico; y un tercer plano que denominamos ideológico – político que hace referencia a las tensiones entre distintos actores sociales que tratan de imponer una determinada mirada sobre el problema de las drogas por sobre las demás.

En base a estos tres ejes hemos establecido algunos criterios a tener en cuenta en la creación de una Plan Nacional sobre Drogas, y también expresamos nuestras opiniones frente al debate penalización-despenalización de la tenencia de drogas para uso personal.

Respecto a las cuestiones relacionadas con el ámbito de lo jurídico, consideramos acertado el fallo de la Corte Suprema de Justicia. En varios documentos elaborados por esta Federación hemos resaltado la necesidad de considerar al consumidor problemático de sustancias psicoactivas como una persona cuya situación requiere de un abordaje educativo y socio - sanitario para su atención. No debe la ley sancionar penalmente a un consumidor solo por el potencial de peligro subjetivo que le otorga a esta conducta en base a prejuicios y estigmas sociales. Valoramos también que este fallo contribuya a introducir en la legislación sobre consumo de sustancias los principios fundamentales de respeto por la persona humana, consagrados en todas las convenciones y tratados internacionales sobre Derechos Humanos y Salud Mental.


La enorme complejidad que hoy presenta el consumo de drogas legales e ilegales, sumado a las implicancias dramáticas del narcotráfico sobre el tejido social, requieren de definiciones claras y precisas en varios ámbitos. Creemos que una legislación adecuada es uno de los pilares centrales de cualquier política sobre drogas que pretenda un impacto transformador en la sociedad.
Las cuestiones judiciales que hoy dominan el centro de la escena no deben hacernos perder del vista que los ejes de la discusión son extremadamente más complejos.


El carácter de una norma jurídica –más permisiva o más represiva-no alcanza para explicar el desarrollo de prácticas sociales como el consumo de sustancias. Tampoco representa en sí misma la solución a un problema que, fuera de toda duda, tiene su origen en una multiplicidad de factores. En efecto, el consumo problemático de sustancias, tanto legales como ilegales no puede ser explicado solamente por el componente de trasgresión a la ley que lleva implícito. La pobreza y la exclusión social, el deterioro en las condiciones de vida de amplios sectores de la clase media, la falta de expectativas hacia el futuro –muy especialmente en los jóvenes-, la cultura del consumo indiscriminado y del individualismo extremo, los cambios radicales en las formas de organización familiar, y el contexto de criminalidad en el cual un consumidor debe desenvolverse para proveerse sustancias, son algunos de los factores del orden de lo social, económico y cultural con mayor presencia en la generación de condiciones que favorecen el consumo de drogas. Y deben ser considerados en el mismo nivel que los factores jurídicos.

El fallo de la Corte Suprema pone también en discusión el papel del Estado en la construcción de una política de drogas efectiva. Si bien el Estado, a través de la SE.DRO.NAR y de varios organismos nacionales, provinciales y municipales, y a través del la cobertura exigida a las Obras Sociales en el tema adicciones, ha facilitado en estos último años el acceso a tratamientos específicos a muchos ciudadanos cuya situación lo requería, las carencias y falencias actuales en políticas sanitarias y educativas son alarmantes. Por ello urge establecer nuevas Políticas Públicas en relación al consumo de drogas, con una creciente inserción en el seno de la sociedad, una estrategia a mediano y largo plazo y una sólida articulación con la red de ONG’s que existen en Argentina. Privilegiando un especial enfoque en las poblaciones infantiles y juveniles más vulnerables.

Esta carencia no puede ser atribuida exclusivamente al modelo actual de abordaje del problema de las drogas. En gran medida se debe a los magros presupuestos asignados a las áreas vinculadas a la drogodependencia. Como ya señalamos, tanto el Estado Nacional como los Estados Provinciales y Municipales han mostrado poco interés respecto al problema de las drogas, y más allá de los diversos discursos que se han elaborado- salvo en cortos períodos que fueron la excepción- nunca la inversión en prevención y atención de las adicciones ha sido prioritaria. No cabe duda, entonces, que tanto el rol de Estado como el modelo de abordaje de la drogodependencia deber ser revisado y reformulado en gran parte. Sin embargo, no creemos sensato desconocer ni desprestigiar lo que se ha logrado hasta el momento. La experiencia e infraestructura en relación con las adicciones que tanto el sector público como las ONG’s han consolidado con gran esfuerzo debe ser el punto de partida de cualquier nueva política de drogas. Dicho capital de acción debe ser desarrollado y fortalecido en el futuro Plan sobre Drogas. De ninguna manera debilitado y menos aún desmantelado.

Un aspecto central que fundamenta este documento es el reclamo de las ONG’s de FONGA que, por su historia, desarrollo, red de servicios existentes y aportes históricos en este tema tan complejo, entienden que deben ser convocadas por el Estado Nacional, como así también por las Provincias y Municipios, en el armado de las Políticas Públicas sobre drogas. Las ONG’s han sido en muchos casos los espacios iniciales de formación y desarrollo de muchos profesionales que llegaron a ocupar cargos públicos en el campo de las adicciones, y han sido, históricamente, las primeras en responder -con muchos aciertos y lógicos errores-, las necesidades de prevención y asistencia que el consumo de sustancias generó en la sociedad. Incluso acompañaron a muchos de los organismos estatales especializados en sus inicios. Desconocer el protagonismo de las ONGs a la hora del armado de Políticas Públicas y los aportes que pueden dar en dicha tarea es ignorar la valiosa sinergia que el Estado puede encontrar en esta alianza.

En el documento que elaboramos en 2008 en relación a este mismo tema, definimos nuestra posición respecto del papel del Estado y de las características que debe asumir una política de drogas coherente. Decíamos que la respuesta al problema del consumo de drogas debe estar orientada por una perspectiva integral que, basada en el respeto irrestricto a los derechos humanos, articule claramente las dimensiones legales, psicológicas, antropológicas, sanitarias, sociales, culturales y educativas que le son constitutivas, y considere el fortalecimiento de todos los dispositivos, educativos, preventivos y de atención que garanticen un abanico de posibilidades para su abordaje, incorporando los modelos de reducción del daño y todos aquellas estrategias de trabajo que surjan a la luz de los actuales avances en las ciencias sociales y de la salud. Esa respuesta debe estar a cargo de un organismo específico que nuclee todas las tareas de educación, prevención, asistencia, e investigación.


El mismo debe contar con autonomía administrativa y política, así como con la capacidad técnica necesaria para articular las áreas ministeriales de salud, educación, trabajo, desarrollo social, cultura. Y fundamentalmente contar los recursos presupuestarios necesarios para esta tarea. Por otra parte, un Plan de Drogas que pretenda una inserción de largo alcance en la sociedad debe postularse claramente como una Política de Estado, quedando resguardado de los avatares político - institucionales y asegurando su continuidad en el tiempo.

Consideramos de orden estratégico en una nueva política de drogas la conformación de un organismo autónomo especialmente enfocado al abordaje de las adicciones, con presupuesto propio y recursos humanos altamente capacitados, incluido en una sólida política de estado, que no mezcle en sus objetivos el abordaje educativo y socio - sanitario del consumo de sustancias con la llamada “lucha contra el narcotráfico”. Experiencias como la anterior Secretaría de Prevención y Asistencia de las Adicciones de la provincia de Buenos Aires, o como muchos de los actuales organismos provinciales agrupados en CO.FE.DRO que se orientan hacia problemáticas de Prevención y Asistencia de las Adicciones deberían reaparecer y/o fortalecerse a fin de que las Políticas Públicas locales potencien sus esfuerzo y capacidad, vinculándose con las ONGs de cada localidad a fin de consensuar estrategias de acción.

Como se desprende de este documento, son las ONG’s el otro pilar fundamental de una política de drogas que pretenda llegar a todos los ciudadanos. La Federación Latinoamericana de Comunidades Terapéuticas estima que aproximadamente el 80 % de las personas que reciben atención por problemas relacionados con los drogas lo hace en una ONG. Si bien no tenemos estimaciones exactas, algo similar ocurre en nuestro país si sumamos los esfuerzos en prevención, asistencia, capacitación, y reducción de daños. Esto se explica, entre otras cuestiones, por la inserción social y comunitaria que las entidades de la sociedad civil han alcanzado luego de muchos años de trabajo, y por la calidad y efectividad de sus programas*.

Los temas relacionados con la calidad y la efectividad de nuestros programas son centrales en las tareas que hoy desarrolla FONGA. En efecto, las instituciones Federadas hemos dejado atrás hace mucho tiempo el voluntarismo que caracterizó nuestros orígenes**. Este se ha transformado en una voluntad permanente de crecimiento, formación de recursos, investigación y docencia. Todas las instituciones cuentan con equipos interdisciplinarios, constituidos por médicos, psicólogos, psiquiatras, psicólogos sociales, sociólogos, trabajadores sociales, docentes, operadores socioterapéuticos, enfermeros. Han sido habilitadas por las autoridades sanitarias correspondientes y reciben auditorias mensuales de diversos organismos del estado. Todo esto se ha llevado a cabo con gran esfuerzo por parte de las instituciones, ya que contrariamente a lo que se afirma en algunos medios, la mayoría de las Ong’s argentinas prácticamente no reciben subsidios de ningún organismo para el desarrollo de sus actividades, como tampoco tienen acceso al crédito de la banca pública o privada.

El gran compromiso que históricamente han asumido las instituciones con su tarea es lo que ha permitido que en los últimos años la capacidad de atención en programas tanto ambulatorios como residenciales alcance las 4500 plazas en todo el país. Actualmente se están definiendo los últimos detalles para la implementación de un programa de Certificación de Consejeros Terapéuticos en Adicciones coordinado por la Federación Latinoamericana de Comunidades Terapéuticas y auspiciado por Naciones Unidas, destinado al desarrollo de competencias de calidad por parte de los operadores, técnicos y profesionales que forman parte de los equipos técnicos de las ONG’s. Por otra parte la calidad de nuestro trabajo y producción teórica muestra su reconocimiento en la inserción que muchas entidades tienen en distintas Universidades de nuestro país, como la Universidad de Buenos Aires, la Universidad Nacional de Córdoba y la Universidad de San Juan, entre otras.

En los últimos años las ONG’s han diversificado sus programas preventivos y terapéuticos según los nuevos problemas que el consumo de sustancias fue planteando. Hoy existen programas especializados –tanto residenciales como ambulatorios- para niños, adolescentes y adultos de ambos sexos, así como programas para pacientes con doble diagnóstico. Un papel muy importante que las Ong’s desempeñan actualmente está relacionado con una problemática que hoy asume ribetes dramáticos: el consumo de pasta base o “paco”. En poco tiempo las Comunidades Terapéuticas han desarrollado programas de trabajo que permiten dar cuenta de muchos de los serios problemas que plantea este tipo de consumo***. Entre el 60 y el 80 % de la población atendida en Buenos Aires ha transitado la experiencia de consumo de pasta base y una buena parte de ellos logran una reinserción saludable en su medio familiar y social. Por otra parte, nuestra Federación se encuentra desarrollando un programa conjunto con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que tiene como objetivo la intervención con niños y niñas consumidores de drogas en situación de calle. También en distintas provincias argentinas las acciones de ONG’s han sido pioneras en el tratamiento de las adicciones desde dispositivos complejos como son, por ejemplo, las Comunidad Terapéuticas Residenciales o Comunidades de

Día: Salta, San Juan, Córdoba, Santa Fe, Río Negro, Tierra del Fuego, La Pampa, San Luis, y muchas otras provincias son muestra de ello.

Aunque el desarrollo de las ONG’s afiliadas a FONGA comenzó con la puesta en marcha de distintas Comunidades Terapéuticas a mediados de la década de los 70, nuestro movimiento no se limitó a esta única oferta asistencial, ya que con los años comenzaron a desarrollarse proyectos de Prevención Comunitaria, Prevención Escolar, Comunidades de Día y de Noche y distintos modelos de Programas de Asistencia Ambulatoria. Se equivocan quienes identifican a las ONGs como entidades que solo proponen internación para sus asistidos. Sin embargo hoy en día, debido al avance de la exclusión social que impacta sobre todo en la población más vulnerable -niñez, adolescencia y juventud- es necesario la creación de nuevas estrategias de acción. Por ello creemos que la Prevención, la Asistencia, la Reducción del Daño, la Capacitación, y la Investigación deben desarrollarse de manera creativa a fin de responder a las nuevas preguntas que plantea la actualidad social en el tema del consumo de sustancias.

Por eso resaltamos que uno de los objetivos esenciales a lograr en la relación entre el Estado y las Ong’s debe estar dirigida al diseño conjunto de modelos institucionales adecuados a los nuevos problemas que plantea el consumo de drogas, como así también a la formación y actualización de los recursos humanos que tales dispositivos requieren.

Por otra parte consideramos que en el debate público todos los actores debemos ser cuidadosos a los efectos de no banalizar el consumo de drogas. Asignarle el atributo de “recreativo” a algunos consumos no les quita el carácter de práctica de riesgo. Si bien la propuesta de descriminalizar al consumidor por su acto de tenencia de drogas nos parece un avance en la materia, debemos ser sumamente cuidadoso en la manera en que esto se comunica a la población no experta en el tema que puede confundir “despenalización” con “legalización”, y “descriminalización” con “invitación al consumo”. Por ello el mensaje de nuestra Federación se posiciona en entender la despenalización como positiva en razón del respeto de la libertad personal en las elecciones morales, pero enfatizando los riesgos inherentes a toda práctica de consumo de sustancias psicoactivas legales e ilegales la cual se desaconseja taxativamente. Por otro lado, y debido a la profunda inserción social que tienen muchas de las ONGs de Fonga, la cual las pone en contacto con poblaciones sumamente vulnerables, y que por no estar insertas en ámbitos formales como la escuelas o trabajos estables, son invisibilizadas por la mayoría de las estadísticas oficiales que intentan dar cuenta del mapa epidemiológico del consumo de drogas, vemos la necesidad de incluir en la actual discusión sobre las políticas de drogas la amplia variedad de contextos sociales, que van desde los más adversos, a los más protegidos, en los cuales las mismas prácticas de consumo adquieren distintos significados.

Algunos medios señalaron en estos días que en nuestro país entre 35.000 y 50.000 personas al año buscan asistencia por problemas relacionados con el consumo de drogas y no la consiguen. Estas estimaciones muestran que el problema que debemos enfrentar como sociedad es grave y requiere, a nuestro juicio, de la utilización de todos los recursos humanos e institucionales disponibles. Plantear en términos antagónicos la relación entre Estado y ONG’s sería un error de gravísimas consecuencias en este marco social tan vulnerable. De lo que se trata es de lograr acuerdos en objetivos y respetar la propuesta de distintos métodos operativos sustentados en teorías y prácticas ya probadas. Si algo ha quedado claro en quienes conocemos el problema que plantea el consumo de drogas es que no hay un solo saber o una sola metodología que pueda resolverlo. Y que si bien las experiencias de otros países deben servir de referencia, no debemos copiar mecánicamente fórmulas supuestamente exitosas en otros contextos. El gran desafío que tenemos por delante es encontrar nuestro propio camino.
Comisión Directiva de FONGA.Septiembre, 2009.


*Es un grave error afirmar que existe un vínculo directo entre la aún vigente ley 23737, que sostiene la penalización de la tenencia de sustancias para consumo personal, y el acceso de las personas a los distintos programas de tratamiento. Las versiones que sostienen que la actual ley de drogas facilita el negocio de las internaciones faltan a la verdad ya que no tienen ningún sustento real.

**Y que durante mucho tiempo permitió la supervivencia de nuestras instituciones a través de los cambiantes escenarios socioeconómicos que atravesó nuestro país, sin que se deteriorara la capacidad y la calidad de la atención.

***Cabe señalar que son muy pocas las instituciones oficiales de salud que aceptan trabajar con niños y adolescentes consumidores de pasta base.


Fuente:Fonga

CORTE RECLAMO LA INMEDIATA INSTALACION DE RADARES PARA IDENTIFICAR LAS AERONAVES DEL NARCOTRAFICO



La Corte Suprema reclamó al gobierno nacional la inmediata instalación de radares en el norte argentino para identificar las aeronaves del narcotráfico.
El presidente del alto tribunal, Ricardo Lorenzetti, envió ayer una carta al ministro de Justicia, Julio Alak, en la que pide que "se adopten las medidas necesarias para que la frontera norte del país cuente con radares que permitan identificar los vuelos clandestinos, que presuntamente transportan drogas ilícitas desde Bolivia".

Lorenzetti asumió así la postura del juzgado federal N° 1 de Salta y de la Cámara Federal de Apelaciones de esa provincia, que la semana pasada dijeron que "la droga llueve del cielo" por falta de controles. Tanto en el Ministerio de Justicia como en el de Defensa, que opera los sistemas de vigilancia aérea, tomaron nota del pedido de la Corte, pero la respuesta no podrá ser inmediata, anticipan en esas dependencias. La Argentina sólo cuenta con tres radares militares capaces de visualizar los vuelos ilegales. Y todos están en uso.

Se trata de los modelos móviles TPS43, de la década del 70, con un alcance de poco menos de 400 kilómetros. Dos están desplegados en Resistencia y Posadas, para controlar las rutas de traficantes de marihuana y contrabandistas varios que despegan de Paraguay. El tercero fue ubicado en Río Gallegos. Esos radares son trasladados, temporalmente, cuando se requiere cobertura aérea de un encuentro internacional, como la reciente cumbre en Bariloche.
Esos son los únicos sistemas de observación que están en funcionamiento, ya que para identificar aviones ilegales no pueden usarse los radares de uso aerocomercial, llamados de 2D. Esos aparatos necesitan la colaboración de las aeronaves para ubicar su posición. Situación que, obviamente, no sería posible frente a avionetas irregulares.

Las fuerzas de seguridad detectaron a fines del año pasado ?como informó La Nacion en diciembre de 2008? la apertura de una ruta aérea del narcotráfico que empezaba en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, y terminaba en alguna de las 40 pistas clandestinas descubiertas en Chaco.

Sin embargo, los radares están volcados principalmente en el noreste, ya que pasan por allí las rutas áreas más conocidas del narcotráfico. "Si por un tema de seguridad debe cambiarse la ubicación de los radares, tendrá que informarnos el Ministerio de Justicia", comentó ayer un funcionario de Defensa.

De una u otra forma, la Argentina carece hoy de un sistema de control aéreo adecuado. Un avión puede cruzar todo el país y aterrizar en Buenos Aires sin ser observado.
Algunas alternativas son manejadas para cumplir con la preocupación de la Corte. Pero demandará varios meses la solución. En principio, podrá contarse con los radares móviles de Posadas y de Resistencia cuando éstos sean reemplazados por dos equipos fijos donados por España. En Chaco, el gobierno de Jorge Capitanich colabora en la construcción de un edificio para albergar el radar fijo español que hace unos meses ya está en el país. Se estima que, entre diciembre y febrero próximos, podrá ponerse en funcionamiento ese aparato. Así quedaría liberado un radar móvil.

A comienzos del próximo año debería llegar el segundo radar fijo entregado por los españoles, que entraría en servicio en Posadas a fines de 2010. Licitación en marcha
En forma paralela a esos proyectos avanza la licitación internacional para adquirir tres o cuatro radares móviles militares. La empresa francesa Thompson recibió el mejor informe técnico entre cuatro compañías que postularon sus productos, pero resta aún abrir los sobres con las ofertas económicas. El Ministerio de Defensa cuenta con 150 millones de pesos como presupuesto para comprar esos radares.

Una vez que sea declarado un ganador en la licitación, entre la firma del contrato y la entrega del primer radar pasarán 18 meses. Por entonces estará en la etapa final de pruebas el radar militar que desarrolla Invap, cuyo prototipo en escala ya se probó con eficacia hasta los 50 kilómetros.
Invap es una empresa sin experiencia en la construcción de radares. Dio los primeros pasos con el contrato con el Estado por once radares civiles. Esa operación se concretó en momentos en que otra polémica giraba alrededor de la seguridad de los vuelos comerciales. Hasta el momento, Invap entregó en plazo ocho de esos equipos, que funcionan en Bahía Blanca, Córdoba, Neuquén, Bariloche, Santa Rosa, Tucumán, Catamarca y Quilmes; en esta última ciudad es donde funciona un centro de control.

Para la urgencia queda un radar de tiro antiaéreo del Ejército, que se prueba en la zona de Las Lomitas, en Formosa. Una disputa interna entre Defensa y Justicia, cuando este último ministerio fue manejado por Aníbal Fernández, dejó sin fondos ese proyecto que hoy intenta reactivarse.

Cuando el Gobierno habla de atacar a las grandes redes del narcotráfico como argumento para despenalizar la tenencia de drogas, pareciera entenderse que pondrá en primer lugar al ataque contra los vuelos ilegales. Pero eso, como se consignó, no podrá ser posible en bastante tiempo.
Prioridades curiosas

Si bien aumentó de $ 33 a $ 48 millones para 2010 el presupuesto de la Sedronar (lucha contra el narcotráfico), sigue sin ser un tema prioritario si se lo compara con otras áreas. Por ejemplo, al Comfer se destinarán $ 85 millones; para remodelar el Palacio de Correos, $ 82 millones, y para la promoción de la música y la danza, $ 62 millones.
Fuente: Diario La Nación

martes, 22 de septiembre de 2009

LA CIUDAD DE BUENOS AIRES SITIADA


Alrededor de veinte organizaciones sociales realizan cortes en varios accesos que unen la provincia de Buenos Aires con la Capital Federal.

Desde el mediodía, el tránsito sufre interrupciones totales y parciales en Puente Pueyrredón, Avellaneda, Puente Uriburu, en el acceso a Pompeya, en General Paz, a la altura de Liniers y en Puente Saavedra. Además la autopista Buenos Aires-La Plata está interrumpida a la altura de Sarandi y en el acceso a la capital provincial.

A raíz de este último corte, que afecta los dos sentidos de la circulación, Vialidad Nacional recomendó como vía alternativa bajar por el acceso sudeste.

El organismo informó además que otro grupo de manifestantes interrumpe el tránsito en ambos sentidos en el tramo Hudson-La Plata de la misma autopista, a la altura de diagonal 74.
"La policía se encuentra desviando el caudal vehicular por la rotonda Gutiérrez continuando por camino Centenario hasta empalmar nuevamente con la autopista Buenos Aires - La Plata", sugirió a través de un comunicado.

Reclamo. Uno de los voceros de la medida de fuerza indicó a lanacion.com que la protesta es en reclamo de puestos de empleo en cooperativas bajo gestión autónoma tras el anuncio del plan del Gobierno para trabajar en la obra pública destinado a los desocupados.

"Cerraron las puertas a nuestras a nuestras organizaciones. Nosotros nos presentamos a trabajar y el gobierno se negó porque plantearon que sólo trabaja con los municipios, algo que refuerza el clientelismo", denunció.

"Ellos quieren imponer sus condiciones. Nos pidieron que llevemos los listados de desocupados. Nosotros tenemos nuestros proyectos y hay una discriminación hacia nuestras organizaciones", precisó.

ROBARON A MANO ARMADA, SE TIROTEARON CON LA POLICIA, PERO EL JUEZ ORDENO LA LIBERTAD


Roban a mano armada, se tirotean con la Policía y los liberan a las horas porque son menores de edad
La Justicia ordenó la libertad de cuatro menores de edad, que el sábado asaltaron con violencia a un matrimonio e intentaron huir.

Uno de ellos registra decenas de entradas en comisarías platenses.Los cuatro adolescente tienen entre 14 y 15 años, y están acusados de haber asaltado a mano armada a un matrimonio y luego tirotearse con la Policía. Menos de 24 horas después del hecho, quedaron en libertad por disposición de la Justicia.

Los cuatro menores recuperaron la libertad luego de que el juez que entiende en la causa, Fabián Cacivio, rechazara un pedido de la fiscal para que se les aplique una medida especial de seguridad pese a que son inimputables, según aseguraron fuentes judiciales.

Entre los beneficiados por esa resolución se encuentra un menor apodado "El Ángel", quien ya registra decenas de entradas en distintas comisarías de La Plata y hace poco más de un mes había caído por un episodio similar, según publicó en su edición de la fecha el diario El Día de esa ciudad.

De acuerdo con lo informado por voceros del caso, la fiscal Mercedes Catani había solicitado la aplicación de una medida de seguridad para que los adolescentes sean internados y asistidos a través de un organismo estatal, dependiente del Ministerio de Desarrollo Humano bonaerense.Sin embargo, el juez Cacivio, titular del Juzgado de Garantías del Menor en turno, consideró que no correspondía hacer lugar a ese pedido por suponerlo inconstitucional, tras lo cual dispuso la liberación de los demorados, confiaron los mismos voceros citados por el diario platense.

Los menores, de entre 14 y 15 años, habían sido aprehendidos el sábado último luego de asaltar a un matrimonio de Villa Elvira en medio de un brutal robo.

Al parecer, sorprendieron al propietario de una vivienda de las calles 8 y 78 bis. Bajo amenazas de muerte, le sustrajeron dinero en efectivo para luego escapar en un Fiat Palio, que estaba estacionado en la puerta de la vivienda.

Sin embargo, momentos después la Policía ubicó el vehículo con sus ocupantes a bordo.Tras una corta persecución, se produjo un tiroteo en la calle 73 entre 29 y 30, que concluyó con la aprehensión de los sospechosos.Hace alrededor de un mes,

"El Ángel" había sido demorado en las calles 30 y 86 luego de consumar un hecho de similares características, cuando asaltó -junto a un cómplice- a un comisario mayor para sustraerle su automóvil. En aquel momento fue ubicado por los agentes y capturado tras un enfrentamiento armado.
Fuente: Diario El Dia de La Plata

lunes, 21 de septiembre de 2009

RIO DE LA PLATA CADA VEZ MAS CONTAMINADO


La contaminación en el Río de la Plata, del cual se obtiene el agua que consume la población en el área metropolitana, no cede. Y cuanto mayor es el grado de polución, más complejo y costoso resulta el proceso de potabilización. Además, la presencia de elementos contaminantes orgánicos e inorgánicos en ese curso, donde confluyen vertidos tóxicos de todo tipo, está eliminando fauna y flora.

Esa realidad y la falta de conciencia de los vecinos de la Capital y la periferia sobre el consumo responsable del recurso (cada habitante gasta por día diez veces más litros de lo que recomienda la ONU) representan los dos problemas más serios en torno del agua en la principal concentración urbana del país.

Mediciones hechas en forma periódica entre 2001 y 2008 por el Instituto de Investigación e Ingeniería Ambiental 3iA de la Universidad Nacional de San Martín (Unsam) se comprobó la existencia de elementos contaminantes orgánicos e inorgánicos en las aguas de la llamada Franja Costera Sur del río, que se extiende desde San Fernando hasta Magdalena y baña las costas del área metropolitana.

La presencia de estas sustancias contaminantes -originadas en los efluentes cloacales, domiciliarios (detergentes) e industriales que llegan hasta el Río de la Plata transportados por otros ríos y arroyos que en él descargan- se mantiene constante desde que docentes y alumnos del 3iA comenzaron los estudios e impactan directamente en la calidad del agua.

"No está peor, pero tampoco está mejor la situación. La carga es más dolosa a medida que pasa el tiempo. Como sociedad, no hemos hecho nada por revertir la contaminación", reflexionó el doctor en química Daniel Cicerone, profesor asociado de la Unsam y coordinador de la investigación sobre la Franja Costera Sur.

Los efluentes cloacales, dijo Cicerone, aportan compuestos nitrogenados, como nitratos, nitritos y amonios, que son empleados por los organismos fotosintéticos como nutrientes. Si se registran en gran cantidad, provocan el aumento desmedido de organismos que impiden el paso de la luz y comienza un proceso de eutrofización, o sea de muerte de la biota. Además, aportan organismos patógenos, como bacterias y virus.

Por otra parte, los efluentes industriales transportan contaminantes orgánicos e inorgánicos. Los frigoríficos, por ejemplo, si no tratan sus vertidos, entre los que se destacan restos de animales, aportan gran contenido de bacterias. Al introducir en un curso de agua materia orgánica, ésta consume oxígeno para su oxidación y hace descender los niveles de ese elemento en el agua; así, se favorecen procesos anaerobios, durante los que se producen metano y sulfuro de hidrógeno, y se liberan olores nauseabundos.

Mientras tanto, las curtiembres y la metalurgia generan metales, como el cadmio, el cromo, el cobre, el plomo, el cinc y el mercurio. Otras industrias liberan pesticidas y fertilizantes. Menor calidad

Cicerone explicó a LA NACION que, por todas estas sustancias en suspensión, los efluentes cloacales e industriales disminuyen la calidad del agua y, por ende, la "aptitud de uso del recurso". En la ribera porteña, la mayoría de los usos están invalidados. ¿Cuáles son esos usos? Fuente de agua para consumo humano, protección de la vida acuática, irrigación, recreación y uso industrial. Como se sabe, está prohibido bañarse en el Río de la Plata y la biota (la fauna y la flora) está seriamente comprometida.

"Además, a mayor contaminación, la potabilización resulta más costosa y demanda mayores esfuerzos", señaló Cicerone, que también es licenciado en oceanografía.

La calidad del agua se mide en una escala del cero al 100. Por debajo de 24, el líquido no es apto para ningún uso; entre 24 y 52, sirve para un uso mínimo; entre 53 y 92, para uso limitado. Finalmente, entre 93 y 100, el agua puede ser destinada a cualquier uso.

Los equipos del 3iA toman muestras de agua en las desembocaduras del Riachuelo y del arroyo Medrano, y en el curso del río Reconquista que, al igual que los dos anteriores, es afluente del Río de la Plata. Cicerone recordó que eligieron esos tres torrentes porque eran los que la bibliografía identificaba como los tres que más contaminación aportaban al Río de la Plata, por las cuencas que atraviesan, en el siguiente orden: Riachuelo, Reconquista y arroyo Medrano.

La Unsam midió el impacto del Riachuelo en la Franja Costera Sur en 2002, 2004, 2005 y en 2006. En la desembocadura del arroyo Medrano (uno de los tres arroyos subterráneos más importantes de la Capital, junto con el Maldonado y el Vega), trabajó en 2001, 2003, 2005 y en 2008.
Vertidos tóxicos

Los estudios sobre el río Reconquista evaluaron la calidad del agua en el segmento que corre entre la ex ruta 8 y la Panamericana, en 2007 y en 2008. Los contaminantes presentes en ese tramo, expresó Cicerone, vierten en el Río de la Plata.

Según los resultados de los análisis, en la desembocadura del Riachuelo, a la altura de Vuelta de Rocha, el índice de calidad del agua se sitúa en 16 y un poco más cerca del Río de la Plata, en Cuatro Bocas, alcanza 33. A esa altura, la Franja Costera Sur mostró valores de entre 54 y 57. Allí, los investigadores hallaron que era casi nulo el oxígeno disuelto, era alta la carga de nitrito y amonio, y había algunos metales, como el cromo, el plomo y el cadmio, todos nocivos para la salud.

En tanto, el arroyo Medrano, que libera su caudal justo en el límite entre la Capital y Vicente López, llega con un índice de 15, toca los 37 en las instalaciones del Club Universitario de Buenos Aires (CUBA) y ronda los 41 y 42 frente a Ciudad Universitaria. A sólo 1000 metros de allí, funcionan las tomas de agua de AySA, la empresa encargada de distribuir agua potable a la Capital y al conurbano. Fue alta la carga orgánica hallada, había alteraciones en el oxígeno disuelto y era elevada la presencia de amonio y nitrito.
No se observaron metales.

Finalmente, en el río Reconquista, muy influenciado en el segmento analizado por la recepción de los pluviales del partido de San Martín, los valores oscilaron entre 30 y 40. Los equipos del 3iA detectaron disminuido el oxígeno disuelto, aumentado el nitrógeno, fósforo, cadmio y plomo, entre otros; amonios y nitratos.
Fuente: Diario La Nacion

domingo, 20 de septiembre de 2009

PAISES GENEROSOS, HASTA UN OBRERO PUEDE TENER UN AVION


Preside la firma costarricense que es propietaria de la aeronave

El caso del avión de cuatro millones de dólares que usaba como propio el ex secretario de Transporte Ricardo Jaime no deja de arrojar curiosidades. No sólo porque la firma que figura como dueña de la aeronave es una sociedad costarricense, Pegasus Equity Invest- ment, sino que, además, su presidente es un obrero que gana US$ 400 por mes y vive en un barrio humilde de la capital de Costa Rica, San José.

Después de cuatro semanas de investigación a Pegasus para determinar quiénes son sus directivos y sus accionistas, La Nacion encontró que algunos de los nombres que salieron a la luz se relacionan con casos de contribuciones irregulares a una campaña presidencial en Costa Rica, lavado de dinero, apuestas clandestinas y estafas y defraudaciones, y tienen presuntos vínculos con carteles del narcotráfico.

El presidente de Pegasus es Edgar Antonio Rosales Rodríguez, según confirmó él mismo cuando La Nacion lo ubicó por teléfono. Casado, 40 años, dos hijos, vive en el barrio San Sebastián, uno de los más populosos de San José y sus alrededores.
Rosales ocupa una casa de 139 metros cuadrados, cuyo valor fiscal es de 7256 dólares, que compró con una hipoteca que vence en 2016.

Más relevante, integra la junta directiva de 61 sociedades anónimas -entre ellas, Pegasus-, y trabaja para la firma Consorcio Esquivel desde 2002.
"Para esa información, tiene que hablar con el abogado", se excusó Rosales. Aludía a Ignacio Esquivel Seevers, socio de uno de los estudios jurídicos más importantes e influyentes del país, Facio y Cañas, donde uno de los socios principales fue Rodrigo Arias Sánchez, actual ministro de la Presidencia y hermano del presidente, Oscar Arias.

Allí también trabaja el tesorero de Pegasus, Roberto Quintana Chaves, un abogado ya conocido por la justicia argentina ya que aparece como el presidente de Pegasus en diciembre de 2008, cuando se compró el Lear Jet A 31, matrícula norteamericana N786YA.

Quintana dejó de presidir Pegasus, sin embargo, el 18 de mayo de este año, cuatro días antes de que LA NACION publicara su primer artículo sobre el misterioso avión que usaba Jaime como si fuera de él y que se convirtió en la principal pista que siguen los investigadores judiciales en la causa en su contra por enriquecimiento ilícito.

En los registros costarricenses, Quintana figura como "estudiante de Derecho". Al igual que Rosales, aparece en decenas de juntas directivas costarricenses. A los 31 años, figura en 81 sociedades creadas entre 2006 y 2009. También él derivó la consulta de LA NACION a Esquivel Seevers.
El nombre de "Don Ignacio", como lo identificó Quintana, también aparece en los registros de Pegasus. Esquivel Seevers es su "agente residente", una figura que por lo general señala al abogado responsable de la compañía, según los usos de ese país. "El Abogado"
Nacido en 1970, abogado y escribano por la Universidad de Costa Rica, entre 2004 y 2005 estudió en la Georgetown University de Washington, DC.

Volvió a su país, retomó su profesión y asumió como secretario de la exclusiva Asociación de Criadores Caballo de Campo Deportivo, además de comprar dos propiedades por las que paga US$ 3262 por mes en cuotas hipotecarias. Vive en Escazú, uno de los barrios más caros y selectos al oeste de San José.
Poco antes de aquel posgrado en Estados Unidos, sin embargo, Esquivel Seevers afrontó un traspié público. Fue cuando el Banco Central de su país lo citó junto a su padre, Vinicio Esquivel Goicoechea. Los investigaban por el cambio de al menos 39 cheques en donaciones no reportadas para la campaña del presidente costarricense Abel Pacheco -antecesor de Arias-, según reveló el diario LA NACION de ese país. Un total de 275.467 dólares.

La investigación comenzó por una denuncia de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef), pero Esquivel Seevers fue tajante ante los medios. Dijo que lo ignoraba todo y que poco y nada tenía que ver con Vinir Corporación S.A., la firma de su padre. Dos argumentos que reiteró ante la consulta de LA NACION (de lo que se informa por separado).

Su padre, Vinicio Esquivel Goicoechea, en cambio, acumuló problemas. En 2001, salió a la luz que su casa de cambio movió dinero proveniente del narcotráfico que el Cartel del Norte del Valle, de Colombia. En apenas cuatro meses de aquel año movieron por lo menos 5,7 millones de dólares. Dinero transportado en maletas, en aviones comerciales hasta Costa Rica.

Dos años después, otra firma suya, Vinir Financial Services (VFS), movilizó más de 120 millones de dólares para 12 compañías de juego, ingresándolo de manera ilegal en el país, según la Procuraduría General de la República.

Ante la prensa, la preocupación de Esquivel fue aclarar que les devolvería a las casas de apuestas los 4,2 millones de dólares que les adeudaba. "Me quedé sin liquidez", se excusó.
También durante 2003, Esquivel (padre) reconoció que durante 10 años movió más de 30 millones de dólares de un norteamericano acusado en Estados Unidos de lavado de dinero. También lo hizo por medio de su firma VFS. "Nunca llegamos a ser socios", aclaró.

Desde entonces, Esquivel se mantuvo por debajo de los radares públicos. Hasta julio de 2008, cuando un tribunal de Casación rechazó su recurso, acusado de estafa.
Su firma VFS, en tanto, continúa constituida en las Islas Vírgenes Británicas, como Elkcrest, la sociedad fantasma que proveyó los fondos para el avión que usaba Ricardo Jaime. 4,6 Millones de dólares
Eso es lo que cuesta el Lear Jet en el que se movía Ricardo Jaime en sus días de secretario de Transporte.
Fuente: Diario La Nacion.

sábado, 19 de septiembre de 2009

RESCATAN A CINCO MUJERES QUE ERAN OBLIGADAS A PROSTITUIRSE


Rescatan a cinco mujeres que eran obligadas a prostituirse


El operativo se realizó en un local de Carmen de Areco. Las víctimas, de entre 18 y 22 años, eran explotadas sexualmete y una de ellas está embarazada de cinco meses. Hay dos detenidas

La policía rescató hoy a cinco mujeres de entre 18 y 22 años, una de ellas embarazada, que eran obligadas a prostituirse en un local de la localidad bonaerense de Carmen de Areco.
El operativo fue realizado por detectives de la división Trata de Personas de la Superintendencia de Investigaciones Federales, en un local conocido como "La casa de Marisa", ubicado en la ruta 51 y su cruce con la 7, en las afueras de la ciudad de Carmen de Areco, y se detuvo a dos mujeres mayores de edad.Fuentes policiales indicaron que desde hace 30 días los detectives investigaban a la jefa de la organización, una mujer argentina que, en complicidad con otras, reclutaba a mujeres jóvenes en la ciudad de Santa Fe, llevándolas bajo engaños de ofrecerles una vida mejor a la ciudad de Carmen de Areco.


Las mujeres les prometían a sus víctimas albergue y trabajo en tareas vinculadas con el turismo, en el denominado circuito gauchesco de Carmen de Areco.Pero cuando llegaban al local se las privaba de la libertad y les quitaban los documentos, siendo obligadas a vivir encerradas en alojamientos precarios y enrejados.Las jóvenes estaban separadas en boxes en condiciones de hacinamiento, y a la noche salían del local bailable para ser exhibidas y prostituirse.Las fuentes indicaron que las cinco mujeres rescatadas eran explotadas sexualmente bajo amenazas de muerte, y una de ellas estaba embarazada de cinco meses.
El operativo policial se cumplió por disposición del Juzgado Federal de Primera Instancia de Mercedes a cargo de Héctor Echave, e intervino en el caso la Secretaria número 4 a cargo de Jorge Cubelli.


También se secuestró la documentación correspondiente a las víctimas, 350 envoltorios de cocaína, elementos para corte, profilácticos, agendas y anotaciones de interés para la causa.Colaboró en el procedimiento personal de la Dirección Nacional de Migraciones y de la oficina de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el delito de Trata, dependiente del Ministerio de Justicia de la Nación.

Fuente. Diario El Dia

viernes, 18 de septiembre de 2009

MUJER EMBARAZADA SE TIROTEA CON LA POLICIA


detienen a embarazada tras asalto y tiroteo con la policía
La mujer, de 35 años, robó dinero y objetos de valor de una vivienda y, tras amenazar al chofer con un revolver, tomó un taxi que fue interceptado por los efectivos en una cinematográfica persecución

La policía detuvo a una mujer embarazada, de 35 años, que robó una vivienda y antes de ser apresada se tiroteó con los uniformados en la localidad de Berisso, según indicaron fuentes de la fuerza.

El hecho se registró cuando la mujer, cuya identidad no se suministró, robó dinero y objetos de valor de una vivienda, y luego tomó un taxi y obligó al chofer a que la llevara a la localidad de Berisso.

Sin embargo, el raid delictivo de la mujer fue observado por vecinos de la zona, quienes alertaron a a la policía, por lo que se produjo una persecución y tiroteo.

Según indicaron las fuentes consultadas, el robo se perpetró en una vivienda situada en la calle 30, entre 66 y 67, de donde se llevó dinero, un equipo musical, dos cámaras digitales y diversas prendas de vestir.

El taxi en el que intentó escapar la mujer tras amenazar al chofer con un revólver, fue interceptado en la calle 122, entre 68 y 69 de Berisso.

La mujer, al percatarse de la presencia policial, comenzó a disparar, originándose un tiroteo, e intentó escapar por los fondos de su casa, dado que ella reside en el lugar en donde descendió del taxi.

Sin embargo, luego de algunos minutos, los policías lograron detener a la mujer, comprobando que cursaba un embarazo de cuatro meses.

La mujer está acusada de "robo, privación ilegítima de la libertad y abuso de armas" y quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de turno de La Plata.

Fuente: Diario El Dia.

QUEJA Y RESPUESTA SOBRE UNA INTERVENCIÓN POLICIAL


“Los Hombres de Harrelson” Eugenia MartínezSr. Alcalde, no pretendo robarle demasiado tiempo pero me gustaría que me ayudara a reflexionar sobre una idea que tengo fijada desde el viernes día 29 de mayo de 2009.¿“La policía municipal entre sus funciones tiene proteger a los ciudadanos, o son los ciudadanos quienes han de protegerse de la policía municipal”?.
.
Hechos:
.
El pasado día 29 alrededor de la una de la madrugada, se presentó la policía municipal en nuestras viviendas, en concreto en el garaje porque había saltado la alarma de una joyería que hay en la finca.En el garaje estaba mi sobrino esperando a mi hijo que había subido a casa un momento. Sin preámbulos, llegó la policía municipal (3 agentes) y tras ponerlo boca abajo en el suelo, encañonarle con sus pistolas, y ponerle el pie en el cuello y manos, le preguntaron quien era, que hacía allí y si estaba robando en la joyería…
.
Éste al borde del infarto, aunque tiene 23 años también puede darle, les dijo que esperaba a su primo que había subido a casa y que su documentación estaba en el bolsillo trasero¿? En este momento aparece mi hijo (21 años) para recoger a su primo, subirse al coche e ir a buscar a otros amigos, por supuesto para tomarse unas copas y no para hacer un butrón en el garaje.
.
La operación se volvió a repetir, mi hijo igual que su primo soportó las pistolas y que uno de los agentes le cogiese por el cuello para dirigirlo hacia el otro extremo.Pasado el tiempo y una vez comprobado por la documentación que al menos uno vivía allí, que su coche estaba allí y que también, al menos en un apellido coincidía con el otro joven, lo agentes, se tranquilizaron no sin antes lanzarles la arenga siguiente: La policía municipal puede seguir por todo el territorio a alguien que roba y somos igual o mejores que la policía nacional y guardia civil ¿?… , llevamos pistolas porque somos policías, si fuésemos jardineros llevaríamos ramos….
.
Según mi criterio, la primera frase es pura y dura insatisfacción profesional. La segunda y es la que me preocupa como ciudadana es chulería.Sr. Alcalde y si los chicos, que son muy buenos por cierto, en vez de tirarse al suelo se hubieran movido, se hubieran vuelto… quien sabe como vas a reaccionar en hechos como éstos, que hubiera pasado?, como hubiésemos después justificado la bala perdida?
.
Y si alguno de ellos hubiera muerto? Es triste, hiela el alma.Por supuesto los vecinos que entraron al garaje durante ese tiempo, solo les quedó la imagen de mi hijo y su primo en el suelo, posiblemente su idea habrá sido de “en que lío se habrá metido este chico” posiblemente no se les haya ocurrido pensar que la policía estaba cometiendo un abuso de autoridad. El robo finalmente, fué una falsa alarma.
.
Siguiendo un poco más allá en la reflexión: Que es más importante perseguir a los hipotéticos ladrones, aún a costa de amedrantar en este caso a dos jóvenes que salían de marcha, incluso provocar que pueda surgir algún incidente que ponga en peligro la vida de éstos o que el seguro de la joyería pague por los desperfectos del robo en el caso de que lo hubiera habido?
.
Más parece más un capítulo de la serie ya antigua, de los “Hombres de Harrelson” que una intervención ciudadana rutinaria, que ante todo NUNCA SE HA DE COMPROMETER LA DIGNIDAD PERSONAL, NI HA DE PONERSE EN PELIGRO LA INTEGRIDAD DE NINGUN CIUDADANO.
.
No quiero pensar que es lo que habría ocurrido si las sospechas que la Policía Municipal tenía se hubiesen cumplido. Me gustaría seguir creyendo en las Instituciones pero es que a veces resulta muy difícil. Le agradecería que se interesara por casos como éstos, en este felizmente solo nos queda el regusto amargo y la desconfianza, pero Sr. Alcalde seguro que otros no se resuelven así.
.
Contestación al artículo
.
“Los hombres de Harrelson” publicado en el Boletín Tricantino nº175, julio-agosto 2009
.
Como concejal de Policía me gustaría realizar algunas puntualizaciones sobre las informaciones aparecidas en su revista el pasado mes de julio. En concreto me refiero al artículo “Los hombres de Harrelson”, en el que aparecen quejas sobre la labor policial, por un presunto “exceso de celo” profesional. Para entender esta actuación policial, hay que tener en la mano más datos de los que propiamente aparecen en el artículo mencionado y escuchar todas las versiones, antes de publicar una versión contra un servicio público que está al servicios de todos.
.
Por eso debo aclarar los siguientes extremos:
.
1-Apunta la autora del artículo en uno de sus párrafos que “el robo finalmente, fue una falsa alarma”, nada más lejos de la realidad, ya que el intento de robo fue real. El cierre de la verja metálica que protegía la puerta de entrada de la joyería había sido forzado, el bombín de la cerradura lo habían roto, y por tanto la alarma se activó cuando el cierre fue levantado. Es decir, alguien intentó robar en la joyería, que por cierto, ya ha sufrido otros robos reales. Posiblemente la rápida intervención policial o la aproximación de algún vecino, hizo desistir al autor/autores de continuar forzando la puerta de entrada de la joyería.
.
2-La persona que se encontraba más próxima al escenario del intento de robo, sopesando espacio y tiempo era un joven “que es muy bueno, por cierto” (cito textualmente) y que resulta que presenta ocho antecedentes policiales-penales, entre ellos, varios por robos y hurtos, además de otro por atentado a Agentes de la Autoridad.
.
Los Atentados a los Agentes de la Autoridad se dan con más frecuencia de la deseada, por eso la Policía no lleva ramos de flores entre sus medios para realizar su trabajo, porque es el grupo social que se encarga del uso legítimo de la fuerza, delegado por la sociedad para que cada vecino no tenga que ejecutarla individualmente o sencillamente quedarse indefenso y “que paguen los seguros”. Si todo se solucionara pagando las aseguradoras ¿para qué tener policía, para qué tener juzgados, para qué cárceles?
.
En todo caso delictivo existe una responsabilidad penal y una responsabilidad civil. Es cierto que ésta última, está cubierta por los seguros, pero la penal hay que perseguirla pese a quien pese. La Policía tiene la obligación de perseguir los delitos y a los delincuentes, aunque los seguros paguen las responsabilidades civiles.
.
Por otro lado, sino hubiera nadie para perseguir esa responsabilidad penal, ninguna aseguradora cubriría los riesgos de robos y todos estaríamos más desprotegidos.Antonio GallardoConcejal de Policía Ayto Tres Cantos (Madrid)