jueves, 23 de junio de 2011

SEGURIDAD, CREARAN UN MANDO UNIFICADO

PUBLICA: ANDRES PENACHINO




Con la presencia de gendarmes y prefectos en el distrito, la Policía Federal compartirá el diseño de las acciones de seguridad callejera
El despliegue de gendarmes y prefectos en las calles porteñas, que ocuparán posiciones en ocho comisarías, al menos, desde el mes próximo, aparece como un paso clave para que la ministra de Seguridad, Nilda Garré, imponga en la práctica la coordinación de las fuerzas federales. Compartir un territorio con tres uniformes distintos llevará a la creación de un mando conjunto de seguridad, uno de los proyectos centrales de ese ministerio.

Ese esquema determina que jefes tácticos -los que siguen el día a día de las calles- de la Policía Federal, de la Gendarmería y la Prefectura tengan de forma obligada reuniones periódicas para formar un puesto de comando y control de operaciones.

De esa manera, Garré se apresta a trasladar a las fuerzas de seguridad el plan llevado adelante en las Fuerzas Armadas, en las cuales tomó protagonismo el Estado Mayor Conjunto, en especial su comando de operaciones, después de una reingeniería en la organización militar.

Más allá de eso, fuentes de las fuerzas de seguridad deslizaron ayer que los jefes principales comunicaron a los mandos medios que el proyecto del Ministerio de Seguridad implicará la presencia de al menos mil gendarmes y prefectos en las zonas hoy bajo jurisdicción de las comisarías 24a. (La Boca), 30a. (Barracas), 32a. (Parque Patricios), 34a. (Pompeya), 36a. (Floresta), 38a. (Flores), 22a. (Puerto Madero) y 46a. (Retiro).

Los cambios en las comisarías tendrán una profundidad mayor en los próximos meses. La intención es que esas dependencias queden identificadas con las comunas, para que los nuevos representantes políticos que serán elegidos por voto popular el 10 del mes próximo -los comuneros- tengan un vínculo formal con las comisarías. Eso implicará modificaciones de jurisdicciones y reubicación de las sedes policiales.

Sigue el jefe de la Federal
En la reunión que ayer sostuvieron los mandos en el departamento central de Policía, el comisario general Enrique Capdevila relató a sus subordinados el plan oficial. Garré rechazó anteayer la renuncia presentada por el jefe de la Policía Federal y éste no insistió con su dimisión. En ese tema, la ministra tiene experiencia. Ningún jefe militar renunció durante su gestión pese a las profundas modificaciones de las fuerzas.

Garré ya había mostrado a los policías que tenía intención de tomar el control hasta de la forma en que se establece la vigilancia diaria. La ministra pidió hace un mes la ubicación de cada puesto en las calles.

Envió funcionarios a verificar que en esos lugares estuviesen los policías asignados. Encontró a más del 80 por ciento. Pero también detectó que algunos barrios tenían más cantidad de "paradas" que otros. Preguntó por qué Recoleta tenía más puestos que calles de la zona sur. Sus interlocutores no pudieron darle una respuesta. Garré ordenó modificar esa relación de fuerzas entre los barrios de esos dos puntos cardinales.

Para el ministerio, esas modificaciones tienen que ver con la optimización de recursos humanos. La idea de la ministra es contar con más policías a la vista de los vecinos. Con reasignación de funciones -entre ellas la eliminación de la confección de pasaportes- la Policía Federal pudo contar con 2000 hombres más en las calles. Fueron considerados insuficientes y se recurrió así a las otras fuerzas, en una tarea similar a la que se desarrolla en el conurbano bonaerense.

fUENTE: DIARIO lA NNACION

domingo, 12 de junio de 2011

OPERACIONES DE PROTECCION . Debate teórico sobre una materia de vasta complejidad. (1ra.parte)

    
Acercamiento a una definición y elementos

                 Las podríamos considerar como la aplicación práctica de los estudios de   seguridad desarrollados    por un equipo de escolta con el objeto de prevenir, impedir  o  limitar toda situación u acción tendiente a amenazar u  poner en peligro la vida u imágen de un protegido. 

                 Para  ello, hay que tener presentes  distintos supuestos:¿Cuáles estima ud. lector serían los elementos básicos y principios del paradigma para la protección de personalidades?: A) ¿Una imponente valla humana de neto perfil fisiculturista que disuada todo acercamiento (inclusive de conocidos, simpatizantes u fans) restringiendo su habitual quehacer?; ¿ una barrera de imilar corte detentando ostensiblemente armamento de gran poder de fuego? o  B) ¿Una discreta unidad cuyos miembros fuesen portadores de un bagaje ético, cultural y profesional que les permitiese adaptarse a los distintos escenarios, no interfiriendo innecesariamente con la libertad y la privacidad del protegido y de su núcleo familiar ?. En resúmen: ¿intimidación? u ¿cerebro?. Si optó por el ítem A) le sugiero que revise sus conceptos sobre la especialidad; si se inclinó por B) ¡Eureka!, bienvenido al mundo real de las "operaciones de protección"

                Sin duda que un equipo altamente motivado y entrenado que integre un  eficiente  proceso de inteligencia criminal es fundamental para que aquellas se tornen    efectivas, permitiéndole así cumplir acabadamente con su misión:


. anticipar situaciones problemáticas u peligrosas
. reconocer amenazas
. evitar la molestia o neutralizar la amenaza.

                                                                               Comisario Juan Carlos Migliozzi
                                                                                     Licenciado en Seguridad
                                                                                Instructor Custodia Presidencial
                                                                                    Policía   Federal  Argentina



2da. Parte:  "¿Cómo se organiza una escolta de protección"?
                

                

               

                

     

     

viernes, 10 de junio de 2011

MURIO MIETEK POMPE EL HOMBRE QUE REDACTO LA LISTA DE SCHINDLER, SALVO MAS DE MIL JUDIOS

PUBLICA: ANDRES PENACHINO

Mietek Pemper tenía 91 años. Escribió en papel los nombres de los más de mil judíos que trabajaron en las fábricas de Oskar Schindler y que luego salvaron sus vidas.Mietek Pemper, quien redactó la lista de Schindler que salvó la vida a más de mil judíos durante la II Guerra Mundial, murió el martes pasado a los 91 años.

 El hombre murió en la ciudad alemana de Augsburgo, lugar donde residía. Pemper, había nacido en 1920 en el seno de una familia judía en Cracovia y vivía desde 1958 en esa ciudad germana, que lo nombró ciudadano de honor.

 

Pemper se dedicó allí a ser consultor empresarial y sólo reveló su pasado durante el nazismo en el 1993 cuando se estrenó el film “La Lista de Schindler”, de Steven Spielberg.

 

En marzo de 1943, siendo prisionero, fue destacado en el servicio de Amon Goth, comandante del campo de trabajo forzado de Plaszow, en Cracovia.

 

Ahí se relacionó con el empresario Oskar Schindler, a quien proporcionó una lista de unos 1.200 judíos internados en el campo y que Schindler empleó en las fábricas de esmalte y municiones, salvándolos de una muerte segura.

 

Pemper fue el administrador de la fábrica que el empresario alemán fundó para aprovechar la mano de obra que suponían los judíos en aquel momento.

 

Schindler se dio cuenta de la situación en la que vivían sus trabajadores e intentó ayudarlos y evitarles la entrada en campos de concentración y exterminio. En ocasiones hasta tuvo que comprar a algunas personas para salvarlas de los crematorios.

 

Pemper fue el principal testigo de la acusación de Amon Goth, en 1946. Oskar Schindler murió en 1974 en el anonimato. Fue honrado con carácter póstumo con el título de Justo entre las naciones.

 

El hombre transmitió la historia al escritor autraliano Tom Keneally, autor de la obra “El arca de Schindler”, novela en la que se basó Spilberg para filmar la galardonada película.

 

(Fuente: AFP)

jueves, 9 de junio de 2011

ESTABA DENTRO DE SU CASA, LA MATO UNA BALA PROVENIENTE DE UN TIROTEO EN LA CALLE, CONSEJOS PARA EVITAR SER ALCANZADO POR UN DISPARO

POR ANDRES PENACHINO



Una mujer de 55 años murió al recibir un balazo en el interior de su casa proveniente de una pelea callejera entre dos bandas en el barrio Santa Rosa de lima, en Santa Fe.

Ocurrió anoche, a las 21.45, cuando dos grupos se enfrentaron a los tiros cerca de una casa ubicada en Gaboto al 2200.

Uno de las balas disparadas durante el tiroteo atravesó la ventana de la precaria vivienda en la que se encontraba Cirila Almada, quien recibió un disparo en el tórax.

La mujer fue trasladada al Hospital Cullen, donde se comprobó que la bala le había afectado la clavícula y se le había alojado en el tórax, a raíz de lo cual murió poco después.

La policía buscaba a los responsables del homicidio, que todavía no fueron identificados.

CONSEJOS

Sin duda el incremento de los tiroteos en las calles da cuenta de la inusitada violencia que ha desatado el hampa los últimos tiempos.

Los disparos descontrolados, año tras año generan un sin número de heridos y también víctimas fatales.

En un enfrentamiento armado los delincuentes, hacen lo imposible para una gran confusión en las fuerzas del orden, mezclándose entre las personas que ocasionalmente están en el lugar, repeliendo su huida a los tiros, cuando no, buscando algún rehén para garantizar una salida airosa del lugar.

La irracionalidad ha llegado a tal extremo que, en algunos casos han herido de muerte a propósito a personas en el lugar de los hechos para distraer la persecución policial.


Por lo tanto si UD. tiene la desgracia de quedar en el medio de un tiroteo, corre un grave riesgo de ser herido o muerto.


Sugerencias para salir ileso

- Si repentinamente se encuentra en medio de un tiroteo. ¡Arrójese de cabeza al suelo sin pérdida de tiempo!

- En la calle - y de poder llegar - el lugar más recomendable es arrojarse a lo largo del cordón de la vereda, con el rostro lo más posible adherido al cordón, aunque corra agua servida.

- Otro lugar aconsejable es arrojarse debajo de cualquier vehículo estacionado en la calle.

- Si está comiendo en un restaurante o en la cola en algún banco y el lugar fuere asaltado, busque (visualmente) un lugar propicio para tirarse al suelo - en el caso que le fuere exigido por los delincuentes - o que el incidente sea alertado y se produzca un tiroteo.

- En su hogar busque un lugar en el piso junto a alguna pared y quédese allí mientras se desarrollan los acontecimientos.

- Si escucha detonaciones de armas de fuego cerca suyo, “no” cometa la imprudencia de ir a observar lo que está sucediendo, mas bien busque un lugar propicio para resguardarse.

- Jamás intente correr en medio de un intercambio de disparos; tampoco procure buscar algún lugar que considere seguro con el propósito de observar los sucesos".

- Si en el medio de un tiroteo se le escapa el perro, no salga corriendo a buscarlo. Hay antecedentes recientes donde la mascota ha salido a ladrar a los contrincantes. El can ha regresado ileso del incidente, pero el dueño herido o muerto

"Su vida no tiene repuesto". Si Ud. se conduce negligentemente en un tiroteo y sale herido no será por desgracia sino por negligencia.

Estas recomendaciones son extensivas a cualquier comercio por mas reducido que fuere.


Tenga presente que ya no existen delincuentes perdedores. Si están cometiendo un asalto y alguien alerta a la policía, seguramente se van a tirotear con ella. Si se tiene que morir alguien ajeno al hecho para que ellos se salgan ilesos, no tendrán ningún reparo de así sea.

Andrés Penachino

miércoles, 8 de junio de 2011

Declaración de San Salvador sobre Seguridad Ciudadana en Las Américas


Estimados Camaradas:
Acerco a Uds. la copia del mas importante organismo de integracion Americano referido a los temas del epigrafe e inherentes a nuestra tematica. Atte

Declaración de San Salvador sobre Seguridad Ciudadana en Las Américas

MARTES, 07 JUNIO 2011

(Aprobada en la XLI Asamblea General de la OEA)

LAS MINISTRAS Y MINISTROS DE RELACIONES EXTERIORES Y JEFAS Y JEFES DE DELEGACIÓN DE LOS ESTADOS MIEMBROS DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS (OEA), reunidos en San Salvador, El Salvador, en el marco de la celebración del cuadragésimo primer período ordinario de sesiones de la Asamblea General de la OEA;

RECONOCIENDO que la paz, la seguridad, la democracia, los derechos humanos, el desarrollo y la cooperación, son pilares del sistema interamericano, los cuales están vinculados entre sí y se refuerzan unos a otros;

CONVENCIDOS de que todo esfuerzo de carácter multilateral y cooperación en el ámbito de la seguridad, debe respetar plenamente los principios de soberanía, integridad territorial, independencia política y no injerencia en los asuntos internos de los Estados, de conformidad con la Carta de la Organización de las Naciones Unidas, la Carta de la Organización de los Estados Americanos y el derecho internacional, así como considerar las diferentes perspectivas sobre las amenazas y prioridades a la seguridad de los Estados;

RECONOCIENDO que la Declaración sobre Seguridad en las Américas reafirma que la concepción de seguridad en el Hemisferio es de alcance multidimensional, incluye las amenazas tradicionales y las nuevas amenazas, preocupaciones y otros desafíos a la seguridad de los Estados del Hemisferio, incorpora las prioridades de cada Estado, contribuye a la consolidación de la paz, al desarrollo integral y a la justicia social, y se basa en valores democráticos, el respeto a la promoción y defensa de los derechos humanos, la solidaridad, la cooperación y el respeto de la soberanía nacional;

RECONOCIENDO que con la adopción del Compromiso por la Seguridad Pública en las Américas, durante la Primera Reunión de Ministros en materia de Seguridad Pública de las Américas (MISPA I) celebrada en México del 7 al 8 de octubre de 2008, los Estados Miembros expresaron su voluntad política y la prioridad que asignan para enfrentar la delincuencia, la violencia y la inseguridad en forma conjunta, solidaria, preventiva, integral, coherente, efectiva y permanente;

RECONOCIENDO ASIMISMO el Consenso de Santo Domingo por la Seguridad Pública en las Américas adoptado en la Segunda Reunión de Ministros en Materia de Seguridad Pública de las Américas (MISPA II) celebrada en la República Dominicana del 3 al 5 de noviembre de 2009;

REAFIRMANDO que las Reuniones de Ministros de Justicia u Otros Ministros, Procuradores o Fiscales Generales de las Américas (REMJA) y otras reuniones de autoridades en materia de justicia penal son foros importantes y eficaces para la promoción y el fortalecimiento del entendimiento mutuo, la confianza, el diálogo y la cooperación en la formulación de políticas en materia de justicia penal y de respuestas para hacer frente a las amenazas a la seguridad;

RECORDANDO los derechos consagrados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos;

TOMANDO NOTA del Informe sobre Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos, elaborado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y presentado por ésta en diciembre de 2009;

RECONOCIENDO que la seguridad pública es deber y obligación exclusiva del Estado, fortalece el Estado de derecho y tiene como fin salvaguardar la integridad y seguridad de las personas y proteger el disfrute de todos sus derechos;

TENIENDO EN CUENTA que la participación ciudadana y comunitaria es fundamental en la promoción y sostenibilidad de las políticas de seguridad pública;

RECONOCIENDO que las condiciones de seguridad pública mejoran mediante el pleno respeto a los derechos humanos, a las libertades fundamentales, así como la promoción de la educación, de la cultura, de la salud y del desarrollo económico y social;

RECONOCIENDO ADEMÁS que se deben fomentar y fortalecer políticas de Estado de largo plazo e integrales en materia de seguridad pública de que garanticen la protección y la promoción de los derechos humanos, haciendo énfasis en enfrentar las causas de la criminalidad y la violencia;

Destacando la necesidad de continuar coordinando las acciones internacionales en materia de prevención, mitigación y atención de los desastres naturales fomentando la participación de las comunidades y fortaleciendo las capacidades internas y las de los organismos de gestión de riesgo competentes;

REITERANDO el compromiso de promover, en el marco del Estado de derecho, una cultura de paz y no violencia, entendida como el conjunto de valores, actitudes y conductas basados en el respeto a la vida, el ser humano y su dignidad, y que pone en primer plano los derechos humanos, el fin de la violencia y la adhesión a los principios de libertad, justicia, democracia, solidaridad y tolerancia y el respeto a la diversidad;

RECONOCIENDO que la delincuencia y la violencia afectan negativamente al desarrollo social, económico y político de nuestras sociedades;

CONSIDERANDO ASIMISMO que en la Carta de la OEA, los Estados Miembros convinieron en que la igualdad de oportunidades, la eliminación de la pobreza crítica y la distribución equitativa de la riqueza y del ingreso, así como la plena participación de sus pueblos en las decisiones relativas a su propio desarrollo, son, entre otros, objetivos básicos del desarrollo integral;

RECONOCIENDO la necesidad de adoptar acciones para generar condiciones de desarrollo social, económico, político y cultural a fin de fomentar la inclusión social, reducir las inequidades y crear oportunidades para sus pueblos, contribuyendo a la prevención de la delincuencia, la violencia y la inseguridad;

REITERANDO el compromiso de atender los desafíos relacionados a las pandemias, los desastres naturales, así como los originados por el hombre;

REAFIRMANDO que los Estados tienen la obligación y la responsabilidad de proveer la asistencia humanitaria necesaria para proteger la vida, la integridad y la dignidad de sus habitantes en situaciones de desastres naturales, así como los originados por el hombre;

CONSIDERANDO la importancia de adoptar políticas, programas y acciones para prevenir y contrarrestar la delincuencia, la violencia y la inseguridad, que incluyan medidas para la protección de grupos en condiciones de vulnerabilidad;

CONVENCIDOS de que la eliminación de la violencia contra las mujeres en todas sus dimensiones es condición indispensable para su desarrollo individual y social y su plena e igualitaria participación en la sociedad; así como de la importancia de incorporar una perspectiva de género en las políticas de seguridad;

RECONOCIENDO la importancia de brindar a los jóvenes, particularmente a aquellos en situación de riesgo, oportunidades y acceso en materia de educación, capacitación, empleo, cultura, deportes y recreación, con miras a prevenir la violencia;

REAFIRMANDO que la prevención, sanción y erradicación del tráfico ilícito de migrantes, la trata de personas y la explotación en todas sus formas, incluida la explotación sexual de mujeres, niñas, niños y adolescentes, son un compromiso de los Estados Miembros que debe ser abordado de conformidad con los instrumentos jurídicos nacionales e internacionales en la materia y, cuando corresponda, en cooperación con la sociedad civil;

TENIENDO EN CUENTA que las actividades de la delincuencia organizada transnacional pueden ser utilizadas para financiar y facilitar el terrorismo;

Reconociendo la importancia de continuar reforzando la aplicación de las leyes y las capacidades en materia de justicia penal;

Reconociendo la importancia de la asistencia mutua en materia penal y extradición en respuesta a la preparación, planificación, comisión, ejecución o financiación de actos de terrorismo, así como la corrupción y delincuencia organizada, de conformidad con su legislación interna y convenios internacionales;

CONSIDERANDO la importancia de la cooperación internacional para el mejoramiento de las condiciones económicas y sociales y su consecuente impacto sobre el fortalecimiento de la seguridad pública;

REAFIRMANDO la importancia de mantener y fortalecer la cooperación bilateral, subregional, regional e internacional en materia de seguridad pública;

DECLARAN:

1. Que es su prioridad continuar dirigiendo sus esfuerzos, acciones y voluntad política para fortalecer la seguridad ciudadana, como un ámbito de la seguridad pública, en sus países.

2. La obligación de los Estados de desarrollar e implementar políticas públicas en materia de seguridad pública en el marco de un orden democrático, de imperio del Estado de derecho y de respeto a los derechos humanos orientadas a proveer seguridad y fortalecer la convivencia pacifica de sus comunidades.

3. Que las políticas de seguridad pública deben fomentar medidas tendientes al tratamiento de las causas que generan la delincuencia, la violencia y la inseguridad.

4. Que el individuo es el centro de la seguridad ciudadana, entendida en el ámbito de la seguridad publica y, por ende, debe ser parte integral en la definición e implementación de alternativas para construir comunidades y sociedades más seguras, sostenibles y coherentes con sus aspiraciones democráticas y de desarrollo socio-económico y cultural.

5. Que las políticas públicas de seguridad requieren de la participación y cooperación de múltiples actores, tales como el individuo, los gobiernos a todos los niveles, la sociedad civil, las comunidades, los medios de comunicación, el sector privado y académico, a fin de fortalecer la promoción de una cultura de paz y no violencia, y responder de manera efectiva y participativa a las necesidades de la sociedad en su conjunto.

6. La importancia de fortalecer la capacidad del Estado para fomentar políticas de seguridad pública de largo plazo, integrales, con una perspectiva de género, teniendo presente las necesidades de los grupos en situación de vulnerabilidad, incluyendo la promoción y protección de los derechos humanos y adecuando, cuando sea necesario, los respectivos marcos jurídicos, estructuras, programas, procedimientos operativos y mecanismos de gestión.

7. La necesidad de continuar implementando políticas y acciones en materia de prevención, aplicación de la ley, rehabilitación y reinserción social para garantizar un enfoque integral en el combate a la delincuencia, la violencia y la inseguridad, a fin de promover la seguridad pública.

8. La determinación de formular políticas públicas y programas educativos con el objetivo de lograr una transformación cultural que permita la erradicación de la violencia intrafamiliar.

9. La importancia de continuar fomentando medidas para garantizar que sus poblaciones tengan acceso a la justicia y a la protección que ofrece un sistema de justicia penal eficaz, transparente y confiable.

10. La necesidad de continuar promoviendo sistemas penitenciarios fundados en el respeto a la dignidad humana y a los derechos humanos, que incluya políticas y prácticas orientadas a la rehabilitación y reinserción social.

11. Su compromiso de fortalecer los vínculos entre el desarrollo y la seguridad y, en ese sentido, promover la creciente interacción entre las áreas de desarrollo integral y seguridad multidimensional de la OEA.

12. La importancia de mantener y fortalecer la cooperación bilateral, subregional, regional e internacional en materia de seguridad pública.

13. El compromiso de profundizar la cooperación interamericana para el desarrollo integral y fortalecer los mecanismos y acciones de cooperación para enfrentar con urgencia la pobreza extrema, la inequidad y la exclusión social.

14. La necesidad de continuar coordinando las acciones internacionales en materia de prevención, mitigación y atención de los desastres naturales fomentando la participación de las comunidades y fortaleciendo las capacidades internas y las de los organismos de gestión de riesgo competentes.

15. La necesidad de continuar fortaleciendo los mecanismos bilaterales, subregionales, regionales e internacionales de cooperación, de conformidad con los principios establecidos en la Carta de la OEA, para enfrentar, prevenir y combatir de manera integral y efectiva la delincuencia organizada transnacional, el tráfico ilícito de armas, la trata de personas, el tráfico ilícito de migrantes, el problema mundial de las drogas, el lavado de activos, la corrupción, el terrorismo, el secuestro, las pandillas delictivas y los delitos asociados al uso de tecnologías, incluido el delito cibernético, por cuanto éstos pueden afectar, en algunos casos, el desarrollo social, económico, político y el orden jurídico e institucional.

16. Encomendar al Consejo Permanente que elabore, en consulta y coordinación con las autoridades nacionales de la Reunión de Ministros en Materia de Seguridad Pública de las Américas (MISPA) y la Reunión de Ministros de Justicia u Otros Ministros, Procuradores o Fiscales Generales de las Américas (REMJA), con la colaboración de la Secretaría General, un proyecto de plan de acción hemisférico para dar seguimiento a la presente Declaración de San Salvador, a ser considerado por la Asamblea General en su cuadragésimo segundo período ordinario de sesiones.

17. Que solicitan a la Secretaría General procurar el financiamiento adecuado para la elaboración del Plan de Acción e informar al próximo período ordinario de sesiones de la Asamblea General sobre las gestiones realizadas.

Para más información, visite la Web de la OEA en www.oas.org
Julio E. Fabiano

CAE OTRA RED DE TRATA DE MUJERES, LIBERAN A 13 CHICAS, ALGUNAS EXTRANJERAS

PUBLICA: ANDRES PENACHINO

Las redes de trata con fines de explotación sexual operan en todo el mundo y por eso gran parte de su negocio estrasnacional . Esto quiere decir que llevan personas de un país a otro. En los últimos veinte años hubo en nuestro país al menos dos fenómenos evidentes de esto. Uno, que fue más constante a través del tiempo, tuvo y sigue teniendo como víctimas a jóvenes paraguayas. El otro lo protagonizaron en dos diferentes etapas –los 90 y hace unos pocos años– mujeres dominicanas.

En 2005 la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) denunció en un documento el tráfico de mujeres y nenas paraguayas hacia nuestro país. El tema de las dominicanas –luego de un pico impulsado en los 90 por la paridad cambiaria– recrudeció en 2009. En una nota de ese año, publicada por Clarín, los especialistas ya adelantaron que Córdoba era uno de los nuevos destinos de las dominicanas captadas por las redes.

LA NOTICIA

La denuncia inicial fue realizada por un “cliente”. Hay cuatro detenidos. Entre ellos, el supuesto jefe de la banda y una mujer que reclutaba víctimas. Las obligaban a prostituirse en un pueblo del sudeste cordobés. Había chicas paraguayas y dominicanas.

En un megaoperativo conjunto realizado en las provincias de Córdoba y Santa Fe por efectivos de la Policía de Córdoba y Gendarmería Nacional, fueron rescatadas 13 mujeres que eran obligadas a prostituirse.

Luego de los allanamientos, las víctimas fueron trasladadas a Río Cuarto donde recibieron asistencia médica y psicológica. Durante el megaoperativo fueron detenidos cuatro integrantes de la banda que se dedicada a la explotación sexual de mujeres esclavizadas. Los investigadores sospechan que la organización operaba en conexión con otras bandas y que realizaban intercambios de mujeres entre las provincias de Córdoba y Santa Fe.

A principios de 2011, el juez federal de Río Cuarto, Carlos Ochoa, comenzó una investigación para dar con los organizadores de una red de trata de personas queoperaba en el sudeste cordobés.

Los primeros datos surgieron en la pequeña localidad cordobesa de Isla Verde, ubicada a 311 kilómetros al sudeste de esta Capital.

La investigación se inició por datos aportados por clientes de dos locales de la zona.

En los locales trabajan mujeres afroamericanas. Lo que llamó la atención a los hombres fue que, durante el día, estas jóvenes no eran vistas en el pequeño pueblo cordobés de poco más de 5.000 habitantes. Y más de un cliente sospechó que se encontraban cautivas. Incluso, trascendió que las propias alternadoras pidieron ayuda a sus clientes para ser liberadas.

La Policía fue alertada de esta situación por un llamado anónimo de un hombre.

Notificado de la denuncia, el juez federal Ochoa montó a principios de año una investigación que incluyó escuchas telefónicas, filmaciones y fotografías que fueron incorporadas a la causa.

Durante cinco meses, los investigadores a cargo del fiscal de Río Cuarto siguieron los movimientos de los encargados de los dos prostíbulos de Isla Verde. Así se determinó que ambos locales pertenecían al mismo dueño. Y que el sospechoso tenía dos encargados que custodiaban a las mujeres y recaudaban el dinero producto de los servicios sexuales.

En la organización actuaba una mujer, que era la responsable de reclutar a las víctimas.

Con el ardid de conseguirles trabajo como empleadas domésticas, se las entregaba a sus cómplices.

Con los datos colectados, el sábado a la madrugada se lanzaron operativos simultáneos en las localidades cordobesas de Isla Verde, Monte Maíz, Marcos Juárez y Corral de Bustos. Y en Santa Fe, en Santo Tomé. Un total de 25 policías, 20 gendarmes y dos psicólogas especializadas en víctimas de trata de personas participaron de la operación. Las 13 mujeres fueron rescatadas en dos prostíbulos de Colonia Bargé, un poblado de 200 habitantes que pertenece a la jurisdicción de Isla Verde.

Seis de las víctimas son argentinas, cuatro dominicanas y tres paraguayas.

“Los procedimientos se hicieron en las whiskerías ‘La Curva’ y ‘La Isla’”, señaló el comisario mayor Carlos Borsatto, jefe de la Departamental Marcos Juárez.

En el primero de estos locales fue detenido el encargado, un hombre de 54 años. En tanto que en el otro cabaret, fue apresado un hombre de 38 años, que operaba también de encargado. El dueño de los locales y presunto cabecilla de la organización, de 45 años, fue apresado en su casa, en la vecina localidad de Monte Maíz.

A estas tres detenciones se le sumó la de una mujer, realizada en la localidad santafesina de Santo Tomé.

Esta acusada de reclutar chicas para los prostíbulos.

Los cuatro sospechosos fueron imputados por infringir la ley 26.364, que condena la trata de personas con fines de explotación.

FUENTE: DIARIOCLARIN.COM

lunes, 6 de junio de 2011

Crean las Mesas Barriales de Participación Comunitaria en Seguridad

Publica: Andres Penachino


El Ministerio de Seguridad dispuso la creación de las mesas Barriales y Zonales de Participación Comunitaria en Seguridad, que cumplirán sus tareas "ad honorem" en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires, señalando que se impulsa "un modelo se seguridad democrática".
El Ministerio de Seguridad dispuso la creación de las Mesas Barriales y Mesas Zonales de Participación Comunitaria en Seguridad, cuyo ámbito de actuación se corresponderá, respectivamente, con los barrios y las jurisdicciones de comisarías de la Policía Federal en la Ciudad de Buenos Aires.

Por Resolución 296/2011 publicada hoy en el Boletín Oficial, con la firma de la ministra de Seguridad, Nilda Garré, precisa que las Mesas Barriales de Participación Comunitaria en Seguridad estarán integradas por aquellas organizaciones o entidades comunitarias no gubernamentales, interesadas en la seguridad pública, que actúen en dicho ámbito territorial. 

Deberán haber participado de la capacitación inicial del área de Participación Comunitaria dependiente de la Secretaría de Políticas de Prevención y Relaciones con la Comunidad del Ministerio de Seguridad.

Dicha secretaría, a través del área de Participación Comunitaria, habilitará un Registro para las Organizaciones y Entidades cCmunitarias no Gubernamentales interesadas en participar.

Las Mesas Barriales de Participación Comunitaria en Seguridad tendrán como funciones en su ámbito territorial:

a) Efectuar diagnósticos participativos que permitan confeccionar mapas de prevención comunitaria de la violencia y el delito.
b) Participar en el diseño de los planes locales de seguridad.
c) Impulsar acciones de prevención de la violencia y de integración comunitaria en articulación con el estado.
d) Co-gestionar con organismos del estado el mejoramiento del espacio urbano barrial.
e) Solicitar informes del funcionamiento de las comisarías a sus titulares.
f) Diseñar y ejecutar estrategias de comunicación para informar a los vecinos sobre el funcionamiento de la mesa, las acciones realizadas y todo otro tema que redunde en beneficio de la seguridad pública e integración del barrio.
g) Invitar a autoridades, funcionarios públicos o efectores locales de las distintas agencias estatales con actuación en su ámbito territorial, para 
tratar cuestiones y asuntos atinentes a la seguridad pública del ámbito vecinal.

Cada Mesa Barrial de Participación Comunitaria en Seguridad establecerá su organización, sus normas de funcionamiento y dictará su propio reglamento, en el marco del modelo que se adjunta como Anexo I en el Boletín Oficial.

Las Mesas Zonales de Participación Comunitaria en Seguridad estarán integradas por los órganos de Coordinación de las Mesas Barriales de una misma jurisdicción de comisaría. Se constituirá una Mesa Zonal por jurisdicción policial. 

Las Mesas Zonales tendrán como funciones:
a) Articular el accionar de las Mesas Barriales de Participación Comunitaria en Seguridad de su jurisdicción.
b) Promover el trabajo en red de las diferentes organizaciones que integran las Mesas Barriales de Participación Comunitaria en Seguridad de su jurisdicción.
c) Favorecer el mutuo conocimiento de las diferentes realidades barriales, fomentando procesos de integración.
d) Invitar a autoridades, funcionarios públicos o efectores locales de las distintas agencias estatales con actuación en su ámbito territorial, como así también organizaciones no gubernamentales de carácter sectorial o cuyo ámbito de actuación se extienda a toda a la jurisdicción, para tratar cuestiones y asuntos atinentes a la seguridad pública de la jurisdicción.
e) Evaluar el funcionamiento y las actividades del servicio de policía local.
Cada Mesa Zonal establecerá su organización, sus normas de funcionamiento y dictará su propio reglamento, en el marco del modelo que se adjunta como Anexo II.

En los casos en que, por las características de la jurisdicción policial (extensión, homogeneidad, condiciones socioculturales), no fuera necesaria la conformación de Mesas Barriales, se constituirá directamente la Mesa Zonal de Participación Comunitaria en Seguridad con las mismas atribuciones y funciones de las Mesas Barriales y la estipulada en el inciso e) del artículo 7º de la presente.

En los considerandos expresa que “la seguridad pública importa para los ciudadanos, el goce y ejercicio de sus derechos, libertades y garantías constitucionales y, en consecuencia, es el pueblo el sujeto fundamental de la seguridad pública”.

Señala que el Ministerio de Seguridad “impulsa el desarrollo de un modelo de seguridad democrática que implica desplegar acciones que incidan en la dimensión cultural de la sociedad para lo cual la participación popular constituye una de las estrategias centrales”.

Dice además para profundizar el nuevo paradigma en materia de seguridad es necesario promover relaciones dinámicas entre las organizaciones de la comunidad y las autoridades estatales de todos los niveles de gobierno y que para ello es menester definir escenarios concretos donde éstas se desarrollen.

Agrega que, en tal sentido, “no solamente es necesario promover estas relaciones sino también la participación comunitaria en la elaboración, implementación y control de las políticas públicas de seguridad en todo el territorio nacional”.

Explica que “se trata de establecer espacios de corresponsabilidad (Comunidad - Estado) para la generación y aplicación de las políticas de seguridad porque la seguridad pública es una construcción colectiva”.

Destaca que “para prevenir la violencia y el delito es imprescindible promover espacios de participación comunitaria que efectivicen estrategias y programas específicos surgidos de la misma comunidad y/o de las áreas del gobierno nacional”.

Señala que “son el Estado junto a la comunidad organizada quienes deben contribuir a mejorar la situación de vulnerabilidad de grupos de alto riesgo en materia de violencia y delito”.

“Es la comunidad organizada –agrega- uno de los actores clave para evaluar y controlar la gestión de las Fuerzas de Seguridad y aportar desde allí al desarrollo ético y profesional de las mismas”.

Dice además que “es necesario promover procesos de integración comunitaria para disminuir la violencia y el delito y que éstos procesos implican participación activa de la comunidad”.

En este sentido –agrega-, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sostiene que “en cuanto a las acciones específicas en el marco de la política pública sobre seguridad ciudadana, la participación de la sociedad organizada resulta esencial en la planificación, implementación y evaluación de las medidas que se lleven adelante en el área preventiva, tanto desde el punto de vista social, comunitario, así como en el contexto de las acciones destinadas a la prevención situacional de la violencia y el delito”.-

La mencionada Comisión ha reiterado en varias oportunidades –dice- que “la participación ciudadana es un requisito esencial para la gobernabilidad democrática”.

Asimismo, ha manifestado que “los Estados tienen la obligación jurídica, a partir del artículo 23º de la Convención Americana de Derechos Humanos, de habilitar los más amplios mecanismos para la participación de la sociedad en el tratamiento de esos asuntos (vinculados a la prevención de la violencia y el delito), como forma de fortalecer la democracia y el Estado de Derecho en el continente”.

Menciona que el derecho de participación también se consagra en otros instrumentos internacionales de derechos humanos, como el artículo 20º de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, el artículo 21º de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el artículo 25º del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Declaración Universal sobre Derechos del Niño y artículo 4º de la Convención de Belém do Pará.

Los citados documentos internacionales tienen jerarquía constitucional para la República Argentina.

Por todo lo expuesto, la resolución dice que “se presenta como necesaria la conformación de espacios orgánicos que posibiliten la participación sistemática de la comunidad y la integración de éstos como parte del Sistema de Seguridad Pública”.

En los anexos, donde se establecen las normas de funcionamiento y reglamento expresa que los integrantes de la Mesa Barrial de Participación Comunitaria en Seguridad cumplirán sus tareas “ad-honorem”. Cada organización participa a través de un miembro titular y un miembro suplente elegidos a tal efecto.