lunes, 2 de julio de 2012

EL DELITO Y LOS MEDIOS DE DIFUSION


PUBLICA: ANDRES PENACHINO
La investigación periodística en materia de criminalidad presenta al lector una serie de sucesos que resultan difíciles digerir. Este no sabe en qué medida la violencia que se describe ante sus ojos es generalizada o forma parte de situaciones aisladas.
Estas dudas, ciertamente razonables, adquieren dimensiones aún mayores cuando el tema pasa a ser el de las políticas destinadas a reducir el crimen. Aquí los diagnósticos recorren toda la gama y pueden ser especialmente confusos. Hay quienes suponen que la ocurrencia del crimen se debe a la falta de voluntad de las autoridades para enfrentarlo: si éstas tuvieran el coraje necesario para tomar medidas más duras, se dice, el problema sería bastante menor y en un plazo bastante breve podría remediarse. Se las acusa de negligencia, debilidad o apego excesivo a las normas legales.
Por otra parte, están los que asumen en el extremo opuesto que la única manera de enfrentar el problema de la violencia criminal radica en solucionar las causas sociales últimas del fenómeno, que encuentra su raíz en la pobreza y en la desigualdad de ingresos y oportunidades sociales.
La investigación académica internacional y la documentación de experiencias internacionales permite contestar en parte esas interrogantes. Conocer con exactitud la frecuencia con la que se cometen hechos criminales es extremadamente difícil, aunque es posible acercarse a esa realidad mediante el adecuado análisis de distintas fuentes de datos. Las percepciones sobre la violencia tienen una relación indirecta con la realidad de ella. Así, en general los adultos mayores y las mujeres tienen mayor temor al crimen, aunque en general corren menos riesgos que los jóvenes. Así también, muchas encuestas demuestran que las personas consideran más seguro su vecindario que la comuna o la ciudad que habitan.
La realidad es que sabemos menos de lo que necesitamos para decidir como ciudadanos respecto de las políticas más apropiadas para gozar de mayor seguridad. Las estadísticas nos dicen que los robos con intimidación o violencia vienen aumentando con rapidez. Sin embargo, desconocemos cuán frecuentes son al interior de los robos con violencia los hechos que involucran gran violencia y cuáles son sus efectos. Tampoco sabemos si la violencia que ejercen sus autores es producto del consumo de drogas o de alcohol, o si es puramente instrumental y destinada a obtener un botín mayor.
Es escaso el conocimiento existente respecto del grado de planificación que tienen esos robos y del proceso que lleva a la selección de blancos por parte de los malhechores. Si conociéramos esa información, podríamos diseñar políticas preventivas más finas y efectivas. Allí donde se han producido avances en la reducción de la violencia, éstos se han fundado en gran parte en la producción de conocimiento respecto del fenómeno criminal y en la evaluación independiente y crítica de las medidas adoptadas para enfrentarla.
Muchas de las grandes innovaciones tácticas y estratégicas contemporáneas provienen de la asociación entre el mundo civil y las instituciones del sistema de justicia criminal -policías, jueces, fiscales, sistema carcelario-. Cuando dicha asociación no existe, o no es suficientemente amplia, es la sociedad la que pierde. Durante años se pensó que el patrullaje policial de carácter aleatorio ofrecía las posibilidades más eficientes para disuadir la comisión de hechos criminales.
Estudios posteriores realizados en Estados Unidos, y en los que participaron académicos y policías, demostraron sin embargo que el patrullaje que podía tener mayor impacto era el que se efectuaba preferentemente en los sectores de mayor concentración de hechos criminales. Esas investigaciones condujeron al desarrollo de mapas, que ubican los lugares de mayor concentración de la criminalidad y que permiten que la policía y el público determinen los padrones de criminalidad y evalúen el efecto de las acciones policiales.
La mancomunión de esfuerzos puede tener efectos muy importantes para la asociación entre policía y ciudadanos, ya que entrega una herramienta útil para que éstos sean convocados a participar en la solución de sus problemas. Adicionalmente, constituye un avance sustantivo que permite una mejor supervisión por parte del mando policial de la eficiencia de la propia organización.
El conocimiento de esta información por parte de los gobiernos locales permite desarrollar políticas preventivas que van más allá de lo meramente policial, incrementando las posibilidades de que el delito sea reducido.
 Por último, el acceso a esta información por parte de los estudiosos del tema permite que ésta se integre a la criminología, a la ciencia política y a la administración pública, que sea sistematizada y que sirva para formar a futuros funcionarios públicos, policías y voluntarios en seguridad.
FUENTE: MATERIAL DE LA BIBLIOTECA DEL PROGRAMA COMUNIDADES SEGURAS

 

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