martes, 9 de febrero de 2016

19053 LA LEY DEROGADA QUE PODIA HABER CAMBIADO LA HISTORIA DE LA REPUBLICA ARGENTINA

Por Andres Penachino

Promediando los años sesenta, bajo las consignas del OLAS Organización Latinoamericana de Solidaridad, miles de jóvenes Argentinos  se encolumnaron detrás de un objetivos cuyos designios eran:

Propiciar la lucha armada revolucionaria en América latina. Promover una estrategia conjunta de los movimientos revolucionarios;

Lograr la solidaridad de los pueblos de América…. Comenzaron a estructurarse organizaciones armadas “clandestinas” en varias naciones de la región, incluyendo preparativos para llevar a cabo guerrillas con elementos extranjeros y nacionales.


El año 1970 inspirados y organizados en principio en un denominado Ejercito de Liberación Nacional (ELN), marco definitiva y nítidamente el comienzo de una generalizada y coordinada agresión contra las instituciones del país. Así aparecieron a la luz de la opinión publica tres organizaciones terroristas poderosas. Montoneros, Fuerzas Armadas Revolucionarias, (FAR) y el Ejercito Revolucionario del pueblo (ERP)  que proponían una guerra asimétrica cuyo entrenamiento político / militar para los cuadros mas altos se realizaba en Cuba.

Los cuadros mas bajos se formaban en las llamadas “zonas frías”, ubicadas en fincas de la Provincia de San Luís, La Pampa, San Juan y la región Patagonia. En tanto que a las fuerzas de seguridad combatieron a aquellos para defender el estilo de vida “occidental y cristiano”.

Historia
Finalizando la década del 60 comenzaron a suceder algunos hechos terroristas que encontraron a la justicia argentina en franca indefensión Taco Ralo, el secuestro del General Aramburu, el robo de la Bandera de Los Andes. El asalto en la localidad de Pilar de un convoy militar proveniente de la fábrica de armas de Villa María donde es asesinado el Teniente Primero Assua y del conscripto Vacca. La ocupación de la localidad de La Calera (Prov. de Córdoba) por guerrilleros, los cuales asaltan el banco local, toman edificios gubernamentales y medios de comunicación.

La ocupación de la localidad de Garín (Prov. de Buenos Aires) por guerrilleros que cortaron líneas telefónicas, robaron el banco y en un intento por tomar la comisaría asesinan a un agente de la Policía, y otros hechos similares mostraron, las graves falencias y dificultades que encontró la justicia para enjuiciar y condenar los ejecutores de esta escalada subversiva. Agravada por la alta movilidad que los terroristas poseían para trasladarse de un lado a otro del país, cometer actos terroristas y “guardarse”. Aun detenidos no se encontraba una forma jurídica adecuada para enjuiciarlos ya que las leyes vigentes tenían un siglo de vigencia, por lo tanto la excarcelación era la constante.

A consecuencia de esta situación, el Ministro de Justicia del entonces gobierno del General Lanuse, el Doctor Jaime Perriaux, concibió con gran acierto la Cámara Federal en lo Penal de la Nación, amparada por la ley 19.053 de mayo de 1971, que se pusiera en funciones el 12 de Julio de ese mismo año. El citado ministro, proyectó juzgar a los miembros de estas organizaciones guerrilleras en el ámbito del sistema judicial, separado expresamente del militar (Código de Justicia Militar).

Su proyecto, adelantado a los países europeos como España (ETA) e Italia (Brigadas Rojas), consistía en la creación de un tribunal con competencia en todo el territorio nacional para juzgar en instancia única los delitos de índole federal que tenían que ver en su mayoría con la ruptura violenta del “…sistema institucional argentino y que afectan de manera directa los más altos intereses nacionales…” cometidos por “…vastas asociaciones criminales con proyecciones en distintos ámbitos…” (Mensaje de Elevación del Proyecto - Jurisprudencia Argentina, Anuario de Legislación Nacional – Provincial, Tomo 1971 – A, pag. 407). En 28/05/1971 se dictó la Ley 19.053 creando la Cámara Federal en lo Penal de la Nación, modernizando el Poder Judicial y colocando dentro de su estructura un órgano jurisdiccional ágil y eficaz para el juzgamiento de los delitos guerrilleros, ya que los jueces federales estaban desbordados totalmente por la magnitud y multiplicidad de acciones guerrilleras y con excepción de los implicados en el secuestro y muerte del General Aramburu, no se había logrado dictar ninguna sentencia. Con el cambio introducido a través de esta ley se logró, como se dijo, una modernización y agilización del sistema judicial para poder juzgar con rapidez y eficacia, los actos que tenían por fin destruir las instituciones de la República y evitar que dichos actos delictivos queden impunes.

Decía además el Dr. Perriaux en el mensaje citado que “…Sería muy fácil y demasiado cómodo decirse que el sistema jurídico ordinario propio de la Argentina y de sus hermanos de Occidente, puede carecer totalmente de eficacia y que, por lo tanto, hay que abandonarlo, en cierto sentido al menos. Es mi firme certidumbre que esa solución sería prematura, y que el Estado Argentino debe responder al desafío que presentan estos actos mostrando la capacidad necesaria para modernizar y agilizar sus instituciones en forma de responder a ellos con la mayor eficacia…” Con el procedimiento de instancia única instaurado, con una primera parte escrita y una segunda oral, se garantizaba la celeridad, la inmediatez, la bilateralidad, la contradicción y la publicidad, asegurándose desde el inicio la defensa del imputado. En muchos casos las defensas de los detenidos estuvo a cargo de abogados que formaban parte de la denominada Asociación Gremial de Abogados, muchos de ellos de estrechas vinculaciones con las organizaciones guerrilleras. Es decir que los imputados contaban con todas las garantías procesales indispensables y necesarias propias de una persona sometida a un proceso judicial penal.

Cabe agregar también que por Ley 19.081 de Seguridad Nacional – Empleo de las Fuerzas Armadas se estableció por el artículo 7º que en caso de que, como consecuencia de las operaciones militares se produjeren detenciones, las personas y los elementos probatorios serían puestas a disposición de la Cámara Federal en lo Penal de la Nación, lo cual constituye una muestra más del verdadero objetivo del Gobierno Nacional de ese entonces a través del Ministro Perriaux, cual era el sometimiento a la justicia ordinaria de aquellas personas imputadas de delitos de terrorismo. La flamante Cámara estaba formada por: 12 Jueces, tres Fiscales, y alrededor de una centena de empleados judiciales con experiencia extraídos de diversos juzgados. Esta cámara tenía vigencia nacional por lo tanto, cuando ocurría un hecho delictivo, un Juez, un Fiscal u algunos empleados se trasladaban al lugar del suceso.

Esta cámara denominada “El Camarón” poseía una agilidad tal que, entre Julio de 1971 y mayo de 1973, sobre unos 2000 terroristas subversivos fueron condenados 600, cinco de ellos a cadena perpetua, un 40 % fue absueltos, y el resto quedo a la espera de un juicio y sentencia. Ninguna de las sentencias fue revisada ni siquiera fue anulada ni revocada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, lo que constituye una muestra cabal de su legítimo e imparcial accionar, tal como fue reconocido por el Tribunal que juzgó a los Comandantes de las Fuerzas Armadas la eficacia de la Cámara Federal en lo Penal de la Nación que así se pronunciaban. En 1973, por razones políticas que no corresponde a esta Cámara juzgar se dictó la ley de amnistía 20.508, en virtud de la cual obtuvieron su libertad un elevado número de delincuentes subversivos – condenados por una justicia que se mostró eficaz para elucidar gran cantidad de los crímenes por ellos perpetrados -, cuyos efectos, apreciados con perspectiva histórica, lejos estuvieron de ser pacificadores.

Desde los inicios del Camarón sus integrantes debieron soportar enormes presiones. Varios de sus integrantes sufrieron atentados, secuestros, heridos y el asesinato del Juez Quiroga. Durante el Gobierno del General Lanusse se convocó al Gran Acuerdo Nacional para lograr el pleno restablecimiento de una democracia representativa, eficiente y estable, en palabras del propio militar. Así y luego de innumerables negociaciones y maniobras tendientes a convocar a elecciones – con la participación del peronismo, pero no del General Juan Domingo Perón – se fijó el 11 de marzo de 1973 como fecha de los comicios.
Hubo varias fórmulas presidenciales, por el Frejuli (peronismo) Cámpora – Solano Lima, por la UCR Balbín – Gammond y por la Alianza Federalista Popular Manrique – Martínez Raymonda, entre los más destacados, ganando la elección el binomio del Frejuli. En mayo de 1973 El Doctor Héctor J. Cámpora asume el poder de la Nación Argentina, esgrimiendo el lema “Cámpora al Gobierno, Perón al poder” encabezando una coalición centroizquierdista que contó con el apoyo de la agrupación Montoneros. El Dr. Cámpora durante su campaña electoral se había comprometido a liberar a los “presos políticos” como primera medida de su gestión. Así el 24 de marzo de 1973 los letrados – miembros de la Asociación Gremial de Abogados - Rodolfo Ortega Peña y Eduardo Luis Duhalde (hoy fallecido ex Secretario de Derechos Humanos) denunciaron la existencia de un plan para trasladar a estos detenidos a unidades militares y convertirlos en rehenes frente al gobierno surgido de las urnas.

Naturalmente lo denunciado nunca sucedió, pero vale bien aclarar que estos “presos políticos” fueron aquellos detenidos, procesados y condenados por la comisión de delitos de terrorismo – de lesa humanidad - por la Cámara Federal en lo Penal de la Nación, tales como los relatados anteriormente, entre otros. Es así que el día de la asunción – 25 de mayo de 1973 – se sanciona, más precisamente, en la madrugada del 26 de mayo la Ley Nº 20.508, que amnistió ex post facto a todos los condenados por delitos de terrorismo – y otros comunes.

La Ley 20.508 de Amnistía por Delitos políticos y comunes conexos estableció en su artículo 1º que quedaban amnistiados por dicha norma los hechos ejecutados hasta el 25/05/1973, a saber: los perpetrados por móviles políticos, sociales gremiales o estudiantiles, cualquiera sea el bien jurídico lesionado, el modo de comisión y la valoración que merezca la finalidad perseguida mediante la realización del hecho (inc. a); la participación en asociaciones ilícitas con fines políticos, gremiales, sociales o estudiantiles y los hechos cometidos como tales (incs. b y c); los realizados durantes movilizaciones, actos de protesta, toma de fábricas, paro, u otra medida de fuerza o para servir a estas (incs. d, e). Por Decreto P.E.N. Nº 18 se la tuvo como ley de la Nación suscribiendo el mismo el Presidente Cámpora, su Ministro de Gobierno Dr. Esteban Righi y el Ministro de Justicia Dr. Antonio Benítez (Jurisprudencia Argentina, Anuario de Legislación Nacional – Provincial, Tomo 1973 – A, pag. 605).

Esa misma noche, jóvenes identificados con los subversivos encarcelados, tomaron por asalto varias penitenciarías a fin de liberarlos, sin esperar una ley de amnistía que fue consensuada antes de la Asunción de Cámpora. Daban por descontado el amplio apoyo parlamentario y efectivamente así fue, pero cuando la ley recibió su sanción final las cárceles estaban vacías. Entre los “beneficiados” hubo delincuentes con frondosos prontuarios como el conocido narcotraficante Francois Chiappe, entre otros no menos peligrosos.
Junto con la Ley de amnistía el congreso nacional aprobó otras dos mediadas que derogaron el andamiaje de la legislación vigente, entre ellas la 19.053 cuyos alcances bosquejamos, la 19.081 que preveía el empleo de las fuerzas armadas en la prevención y la represión de actividades terroristas durante el Estado de Sitio y la 19.797 que dejaba las cárceles bajo la orbita militar.

Desde el 25 de Mayo de 1973 al 24 de Marzo de 1976, día en que fue depuesto el Gobierno de Isabel Martínez de Perón, la Justicia Argentina no dictamino una sola sentencia a subversivos detenidos durante ese periodo. La Cámara Federal en lo Penal de la Nación juzgó en Derecho a aquellos imputados de delitos guerrilleros, pero por la decisión política del Doctor Campora no tuvo en cuenta la verdadera dimensión de su accionar y sus consecuencias, se desarticuló absolutamente lo que fue considerado a nivel mundial y reconocido en diversos ámbitos – aun entre los propios imputados – como la única respuesta avanzada, eficaz y pacífica para terminar con el flagelo del terrorismo.

De haberse mantenido en vigencia solo la ley que impulso el “Camarón”, con un marco legal adecuado formulado dentro de un marco democrático, el gobierno constitucional del General Perón y el de su Señora esposa hubieran tenido un marco legal para enjuiciar y condenar el accionar subversivo, y no hubieran tenido la necesidad de apelar a decretos que El gabinete en pleno (Luder, Cafiero, Ruckauf, Bottero, entre ellos), determino "...aniquilar el accionar subversivo en todo el territorio nacional". Fue el propio ministro de Defensa Tomás Bottero quien calificó la acción de la subversión como: "...total, sofisticada y compleja, despiadada, diabólica y criminal", agregando más tarde que sólo quedaba una alternativa: "El exterminio total del enemigo..."

Pero este tema para otra nota.
Por: Andrés Penachino

Foto: data los momentos de terror que vivió la Argentina luego de la liberacion indiscriminada de los presos por actos terroristas.
SU HISTORIA
Aquel 1 de agosto de 1978, aproximadamente a las 01:40 hs. de la madrugada, una bomba de gran poder estalló en un edificio ubicado en Pacheco de Melo entre Ayacucho y Junín de la ciudad de Bs. As., en el barrio de la Recoleta, contiguo al que vivía el Alte. Armando Lambruschini. explotó la bomba en el edificio de Pacheco de Melo 1957, en el que vivía el vicealmirante Armando Lambruschini, jefe del Estado Mayor de la Armada. 
Los terroristas de Montoneros alquilaron un departamento lindero al de la familia Lambruschini, y ahí dejaron la bomba que estalló cuando la familia dormía. La pared del dormitorio de Paula Lambruschini, de 15 años, era la que colindaba con el departamento en donde fue dejada la bomba de 25 Kg. de nitroglicerina. Ella murió, así como una de sus vecinas: Margot Obarrio de Villa.

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