viernes, 12 de agosto de 2016

LA VIOLENCIA, EL DELITO Y SUS EFECTOS


Autor y compilo información  ANDRES PENACHINO

ES EL TIEMPO: (...) Es el tiempo del miedo. Miedo de la mujer a la violencia del hombre y miedo del hombre a la mujer sin miedo. Miedo a los ladrones, miedo ala policía. Miedo a la puerta sin cerradura, al tiempo sin relojes, al niño sin televisión, miedo a la noche sin pastillas para dormir y miedo al día sin pastillas para despertar. Miedo a la multitud, miedo a la soledad, miedo a lo que fue y a lo que puede ser, miedo de morir, miedo de vivir...... AUTOR: FELY


Los efectos de la violencia y el delito

El delito en todas sus manifestaciones, constituye en primer lugar, un problema de seguridad ciudadana. Como tal, alcanzarlo es un logro político y la responsabilidad principal recae en el Estado, y requiere la atención de las instituciones “oficiales”  encargadas de la seguridad, la justicia y el sistema penitenciario, responsables, en cada área de prevenir que esos hechos ocurran, de perseguir y sancionar a sus responsables, de rehabilitarlos y reinsertarlos, y de dar asistencia y protección a las víctimas.

En segundo lugar, es un problema de derechos humanos, por cuanto afectan su pleno ejercicio, tanto de manera directa como indirecta. En efecto, la violencia y el despojo —o la amenaza de su ocurrencia— afectan los derechos a la vida, la integridad y la libertad de las personas, así como a la libre circulación y a la propiedad, entre otros. Esto es particularmente grave en el caso de las personas vulnerables, mujeres, ancianos, personas con capacidades limitadas…, a quienes un hecho delictivo afecta más. La mujeres, además, enfrentan una doble amenaza, no solo la asociada al espacio público y a la delincuencia, sino a la seguridad dentro de su propio hogar, como consecuencia de lo extendido que se encuentra el fenómeno de la violencia familiar y de género. Si bien esto es así en todos los niveles económicos, las más afectadas son los sectores más vulnerables.
Junto con la afectación de estos derechos fundamentales, se genera un escenario de temor que vuelve, a su vez, a impactar en otros derechos humanos.
La inseguridad puede modificar el comportamiento de las personas, al punto que estas terminen aceptando el temor cotidiano como una actitud de vida, lo que limita sus oportunidades y acciones en múltiples ámbitos, al restringir el ejercicio de libertades y derechos individuales.

En tercer lugar, constituyen un problema de salud pública, ya que son causa de muerte o de lesiones para un número importante de ciudadanos. También generan pérdidas por el daño emocional ocasionado a las víctimas y por lo que se deja de producir como consecuencia de la muerte o de la discapacidad temporal o permanente que pudieran adquirir.

En cuarto lugar, son un problema económico, por cuanto obligan a los Estados, a las empresas y a las familias a incrementar sus gastos en seguridad.

Varios son sus componentes.
Uno, el institucional, es decir, lo que gastan los Estados en los órganos encargados de la seguridad y la justicia.

Dos, la inversión de las empresas y de las familias en seguridad privada, que complementa el servicio público.

Tres, los costos materiales, que incluyen la pérdida de los bienes afectados.

Cuatro, más difícil de estimar, aunque no menos importante, es el efecto que tienen sobre las inversiones productivas, al desajustar los cálculos que dan forma a las oportunidades e incentivos para que las empresas inviertan, creen empleos y se expandan.

En quinto lugar, son un problema social. La inseguridad también tiene un efecto sobre las relaciones entre las personas, pues mella la confianza entre éstas y su capacidad de relacionarse y trabajar conjuntamente. Esto es lo que los economistas llaman capital social. En general, en nuestros países la desconfianza interpersonal es alta; la victimización contribuye a elevarla aún mas.
El daño a la infraestructura social es más grave aún entre las comunidades más pobres, pues contribuye a reducir las oportunidades y a perpetuar la desigualdad de los ingresos. Aunque estos costos son más difíciles de medir, no por ello son desdeñables.

En sexto lugar, contribuyen al deterioro de la confianza ciudadana en los valores democráticos y en el sistema político. En efecto, la percepción de vulnerabilidad a actos de violencia y despojo erosiona los valores esenciales para la convivencia democrática, especialmente la tolerancia a la diferencia y el apego a los derechos humanos. Contribuye de alguna manera, entre otros, a la adopción de esquemas penales fuertemente represivos y lesivos de las garantías individuales; a exigir de las autoridades resultados frente a la delincuencia a cualquier costo, aunque ello se traduzca en incremento de atribuciones policiales e, incluso, a la imposición de mano dura a cualquier costo; a la demanda social a que prive de libertad al mayor número de infractores; a la exclusión de las minorías y grupos sociales y étnicos diferentes al propio; incluso, a la aceptación de castigos inhumanos, como el linchamiento o el flajelo del delincuente agarrado infraganti.

Instrumentos de medición de la inseguridad, la violencia y el delito 

Existen múltiples indicadores para medir la situación de inseguridad, la violencia y el delito en un determinado territorio. Los cuatro indicadores más importantes son los homicidios, la victimización, la percepción de inseguridad y la confianza en las instituciones. El primero de ellos, se recoge de las estadísticas oficiales y los otros tres se obtienen de encuestas de opinión pública.

El primero, los homicidios, dan cuenta de la forma más extrema de violencia en una sociedad determinada, aquella que se ejerce de manera intencional para quitar la vida a otra persona. Para facilitar su comparación, los homicidios se presentan en función de una tasa por 100 mil habitantes.

El segundo, la victimización, mide la ocurrencia real de hechos de violencia o de despojo. Es el más útil para conocer la magnitud de los niveles delictivos, especialmente aquellos de naturaleza patrimonial. La ventaja de las encuestas de opinión pública frente a las estadísticas oficiales radica en que no todos los delitos son denunciados ante las autoridades. Es siempre aconsejable complementar el análisis con ambas fuentes de información.
Existen dos formas de medir la victimización. La personal, que persigue saber si el encuestado fue víctima directa de un delito, y la victimización por hogares, que pretende a conocer si el encuestado o algún miembro de su hogar fue víctima.

El tercero, la percepción de inseguridad, da cuenta del temor que genera la probabilidad de un hecho delictivo en el futuro. Otras formas de medirla son indagando la opinión sobre la importancia relativa de la delincuencia entre los principales problemas del país o auscultando cuan inseguros se sienten los ciudadanos en su barrio, su distrito o su ciudad.

El último, la evaluación de las instituciones, también llamada segurabilidad, hace referencia a la confianza ciudadana en que los delitos sean prevenidos o, en caso que ocurran, se investiguen y sancionen. Esto se realiza consultando la opinión de los ciudadanos sobre la confianza en el desempeño de las instituciones de seguridad y justicia.

FUENTE Acuerdo nacional de seguridad ciudadana del Perú 2013, tratados de Hugo Fruring de Chile, otros.
Material del programa Comunidades Seguras ONg.

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